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Editorial:

La zanja digital

Varón, de entre 15 y 34 años, con estudios superiores, con trabajo y residente en una capital de provincia. Éste es el perfil, cada vez más marcado, del internauta español. Aunque el número de internautas crece en España en todos los ámbitos sociales -ya superan los 10 millones-, lo está haciendo a mayor velocidad entre hombres jóvenes con alta preparación académica y residentes en municipios de más de 100.000 habitantes, lo que está agrandando la brecha digital. Es decir, la diferencia que separa a quienes pueden acceder a la maraña de contenidos y servicios que ofrece la sociedad de la información y quienes no pueden hacerlo, principalmente jubilados, amas de casa, parados, inmigrantes y habitantes de zonas rurales.

Es un problema muy grave, más aún si se considera el acceso a Internet de calidad y por alta velocidad: hay 4,5 millones de españoles, que residen en 2.534 municipios, que no disfrutan de acceso a Internet de banda ancha y que, por tanto, tienen conexiones deficientes y que, además, son más caras para ellos que las que se pagan en una gran ciudad. Las operadoras aducen que el coste del despliegue que deben hacer es excesivo para la demanda existente en las zonas rurales, de donde huyen sus habitantes jóvenes, entre otras cosas, por las dificultades para teletrabajar, chatear o realizar gestiones con su banco o ayuntamiento.

El Gobierno central y las comunidades autónomas han puesto en marcha varios planes para acabar con la brecha digital, como la implantación de telecentros públicos en las zonas rurales. Sólo son parches para un problema de mayor envergadura. No se puede obligar a las operadoras a extender redes donde no hay clientes, pero sí se les puede exigir, tanto a ellas como a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que no torpedeen las iniciativas de ayuntamientos que, ante la falta de interés privado, intentan ofrecer servicio público de acceso a Internet a sus ciudadanos. El Gobierno debería aprovechar la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en tramitación, para extender la consideración de servicio universal (al que todo ciudadano tiene derecho) a la banda ancha, como ya ocurre con la telefonía.

Es el momento de concretar iniciativas para que la brecha digital no se convierta en una zanja insuperable. Recuperar el retraso exige asumir la extensión de la sociedad de la información como la principal prioridad en todos los niveles de la administración. Sin la extensión de las nuevas tecnologías, no aumentará la productividad; y sin crecimiento de la productividad, no está garantizado el de la renta por habitante a largo plazo. La productividad española apenas crece desde hace más de diez años; en realidad, lo hace menos que en ninguna de las economías de la OCDE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de enero de 2007