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La Hispalense se convierte en la cuarta universidad española en I+D+i

La Universidad de Sevilla encabeza la clasificación de Andalucía

La resolución del Plan Nacional de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica) de 2006 por parte del Ministerio de Educación y Ciencia ha supuesto la concesión de más de 11 millones de euros a la Universidad de Sevilla. Este dinero se destina al desarrollo de las investigaciones de los departamentos de la Hispalense, lo que la coloca en la primera posición de Andalucía y la cuarta en el ámbito estatal.

La Universidad de Sevilla sólo se sitúa, en este apartado, por detrás de la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid y la Autónoma de Barcelona. Además, esta financiación resalta la consolidación de la Universidad de Sevilla como la primera Universidad andaluza en investigación a mucha distancia de las demás, según informó la institución académica. La segunda posición entre las universidades andaluzas la ocupa la Universidad de Granada, situada en el puesto duodécimo a nivel nacional.

La cantidad concedida a la Hispalense supera a la de anteriores convocatorias (entre seis y ocho millones de euros). Esta aportación afianza el desarrollo de la Hispalense en el ámbito de la investigación. Esta circunstancia se evidencia también en otros indicadores de

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, como el número de publicaciones en revistas especializadas o el volumen de contratación en empresas.

Ciencias sociales

Concretamente, han conseguido subvención un total de 106 proyectos repartidos en 20 diferentes áreas de investigación, con especial protagonismo de las áreas de ciencias sociales, económicas y jurídicas (16 proyectos), de matemáticas (13) y de biología fundamental (9). En cuanto a la financiación, las más fuertes son las áreas de biología fundamental, matemáticas y ciencias de materiales.

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El Plan Nacional del Ministerio de Educación y Ciencia recoge diferentes objetivos: la búsqueda del incremento del nivel de la ciencia y la tecnología; aumentar los recursos humanos dedicados a I+D+i, tanto en el sector público como en el privado; reforzar los derechos y las garantías de los investigadores; fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología; potenciar el papel de la investigación básica; y mejorar la comunicación a la sociedad de los avances que se vayan produciendo.

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