En plena crisis humanitaria por la llegada de cayucos cargados de inmigrantes, el ministro se ofreció a trasladar a 500 menores para aliviar la saturación de los centros de acogida de Canarias. El traslado y la acogida de los primeros 242 muchachos, que ya se hallan en la Península, han sido gestionados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que negoció con las comunidades autónomas que se han hecho cargo de la tutela de los menores y con una fundación, Nuevo Sol, que se ocupó de asistirles durante el viaje.

El papel de las comunidades consiste en disponer las plazas y asumir la tutela de los menores. El Estado sufraga tanto el traslado como la gestión, a través de ONG, de las plazas habilitadas. Hasta el momento, sólo tres comunidades se resisten a aceptar a los chicos subsaharianos: Madrid, País Vasco y La Rioja. A ellas hay que añadir la ciudad autónoma de Melilla.

Una vez agotada la oferta de plazas ofrecidas por las comunidades autónomas, la Secretaría de Estado de Inmigración intenta encontrar otras adecuadas para acoger a los 248 menores pendientes de traslado. Con ese fin, ha iniciado conversaciones con la Fundación Summa Humanitae. Y este organismo ha entablado conversaciones con la Conferencia Episcopal y con varias órdenes y entidades religiosas que disponen de dispositivos de acogida adecuados, como los Marianistas, los Carmelitas, los Paúles o las Monjas Vedrunas. En caso de que estén de acuerdo en recibir a los menores, el Ejecutivo negociará con las comunidades autónomas correspondientes, con el fin de que asuman la tutela de los muchachos que serán trasladados a su territorio. También en este caso, el Estado correrá con todos los gastos.

Un portavoz de la Conferencia Episcopal declaró ayer a Europa Press que la colaboración de la Iglesia en materia de inmigración "no es algo nuevo".