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Tribuna:

Los límites de la paz

Hace unas semanas, José Blanco acuñó un apotegma taoísta: "Los que no saben, hablan, y los que saben, callan". Bueno, a partir del 30 de diciembre ya quedó claro en cuál de las dos categorías hay que apuntar al Presidente del Gobierno. Aunque la calificación puede extenderse -y con agravantes- a la pléyade de expertos en el asentimiento y el hosanna que se han apiñado últimamente para "asesorar" al prócer en lo tocante al fementido "proceso de paz". Rodeado de tantos empeñados en dar jabón, no es raro que el hombre haya resbalado. Y aún se les oye tocar el tambor a los más obstinados, como a los conejitos de las pilas incansables, llamando al somatén contra el PP, que no apoyó al Gobierno en su confusa aventura. Por cierto que no aclaran lo que hubiéramos ganado si la oposición hubiera brindado en este punto su adhesión inquebrantable al Ejecutivo, salvo que tras el atentado de Barajas se les habría quedado cara de tontos a dos líderes en lugar de sólo a uno. Seguir a estas alturas tratando de culpabilizar a los críticos de Zapatero en nombre de lo que hizo o dejó de hacer Aznar es cubrirse de ridículo, cuando no de alguna sustancia aún más fétida. Pero no cejan porque cuando se les acaba el sectarismo se les agotan las ideas. Incluso hay algún caradura ignorante que sigue llamando "enemigos del proceso de paz" a quienes hicieron desde el primer día las reservas y advertencias que luego se han revelado tan dolorosamente pertinentes.

Sin embargo, tampoco saldremos de pobres con quienes no cesan de bailar la danza de los siete velos pidiendo la cabeza del frustrado Pacificador. Convendría recordar, en cambio, su afirmación más errónea y reveladora: "Hoy estamos mejor que hace un año". Ningún no nacionalista residente en el País Vasco habría suscrito semejante aseveración. Y no sólo por la intensificación de la kale borroka, sino por el regreso de constantes formas de intimidación personal (incluso contra gente moderada del PNV), vuelta a las pintadas y ocupación de espacios públicos por panegíricos del terrorismo, etcétera. Pero también por la perpetuación de una situación de acoso a cuanto no recibe el euskolabel nacionalista en la cultura, la educación, la universidad, los festejos públicos... Si las cosas hubieran realmente mejorado, la gente menos adicta al régimen no seguiría marchándose y los partidos constitucionales no tendrían cada vez más problemas para encontrar voluntarios para las listas electorales. Los aspectos cotidianos que no chorrean sangre pueden hacer también la vida insoportable o humillante para los menos dóciles. Uno se pregunta: ¿en cuántas localidades de mi tierra me está vedado comprarme una casita en el campo o ni siquiera irme a pasar una temporada? Pongo la ETB: aparece uno de los concursos más populares, Date el bote. Cada uno de los participantes se presenta a sí mismo con una breve cancioncilla y a mí me toca el que canta "ya no se puede ir a los bares a potear tranquilo, están llenos de policías, a ver si los mandamos a todos a Jamaica". Risitas, es lo normal. Luego el programa de debate Políticamente incorrecto, en el que aparecen en sobreimpresión mensajes de los telespectadores: "Los españoles son los terroristas, etcétera". Y si tropiezo con la retransmisión de la gran competición de bertsolaris en el palacio Euskalduna, ni cuento los loores a De Juana Chaos y similares que tendré que ver en pancarta y soportar en verso. La lista es interminable, pero por lo visto sólo interesa a quienes vivimos allí.

Y es que se está confundiendo desde comienzos del llamado "proceso" la paz con la tranquilidad. La paz es la Constitución, el Estado de derecho, los estatutos aprobados según las normas legales y los códigos penales y civiles que se aplican por igual a todos los ciudadanos españoles. Esa paz no pueden darla acuerdos subrepticios con los terroristas, ni con sus portavoces o servicios auxiliares ni con quienes se aprovechan del clima de intimidación para sacar adelante sus proyectos políticos presentados como derechos inamovibles e inalienables. Pero, en cambio, la tranquilidad (que viene de tranca, según nos decían de pequeños) sí es algo que los mafiosos pueden alterar o restituir. Lo que no tenemos desde hace décadas en el País Vasco es tranquilidad: y los más intranquilos de todos estamos quienes hemos luchado por mantener la paz y las libertades constitucionales. También en el resto de España el terrorismo ha sabido alterar criminalmente la tranquilidad de los ciudadanos, tomándoles como rehenes para conseguir sus objetivos en Euskadi. Y lo que ahora ETA y quienes la secundan han ofrecido desde un comienzo al Gobierno no es sino la restauración de la tranquilidad a cambio de modificar la paz constitucional al modo que a ellos les parezca más conveniente. Es decir, aumentando la hegemonía nacionalista y blindándola respecto a futuras intervenciones del Estado español, llámesele a eso independencia o de cualquierotra fórmula transitoria menos provocativa. Por ello tenía que haber una segunda mesa estrictamente política, en la cual figurarían los hasta ayer ilegales junto con los nacionalistas legales que han prosperado durante estos años bajo la sombra del terrorismo y también los no nacionalistas que allí firmarían su acatamiento al nuevo orden que les relegaba a un papel secundario... pero eso sí, mucho más tranquilo. Éste es el fondo del asunto y esto es lo que está en juego: sobre esto es sobre lo que se pretende que haya ese "diálogo" al cual los nacionalistas no quieren como es lógico renunciar (aunque bastantes de ellos deploren ahora los modos y el apresuramiento de los etarras, que pueden echarlo todo a perder con su exceso de celo: por eso dice Egibar que el ciclo de la violencia está "agotado").

Y ahora ¿qué nos espera? Pues más de lo mismo, pero agravado. Josu Jon Imaz se ha convertido en la gran esperanza blanca de los que quieren a toda costa tranquilizarse asegurando que el PNV ya es más leal a la legalidad constitucional que la Vieja Guardia a Napoleón. No dudo de la buena intención de Imaz ni de muchos de sus correligionarios que le apoyan, pero los que mandan de veras son Ibarretxe, Urkullu, Egibar, Azkarraga y el resto de los convocantes de la manifestación del sábado, en la que los socialistas vascos harán el papel de mamelucos (Patxi López dice que irán porque no quiere que se repita la desunión vergonzosa de las honras fúnebres de Fernando Buesa... ¡como si de lo que ocurrió entonces hubieran tenido la culpa los socialistas!). Y luego vendrán las elecciones municipales. No sé si Batasuna logrará presentarse a ellas con uno u otro nombre, pero en cualquier caso -como siempre- los verdaderamente ilegales serán socialistas y populares, que no encontrarán gente para sus listas, no podrán hacer campaña electoral con la libertad de los demás, etcétera. Consecuencia: mayoría ampliada de los de siempre y viva el tripartito. Ibarretxe seguirá plan en ristre y dirá que más que nunca es necesaria una consulta popular porque los asuntos de los vascos los tenemos que resolver "los de aquí". Continuará la intimidación callejera y quizá también los asesinatos. Y mucha gente de la que aún no se ha ido pensará que con tal de alcanzar por fin cierta tranquilidad cualquier concesión parece razonable...

Sí, hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo. Por supuesto, recuperar el Pacto Antiterrorista, sobre todo en su preámbulo, que condenaba el nacionalismo obligatorio estilo Lizarra (luego plan Ibarretxe) como precio al cese del terror. Pero es hora de ir decididamente más allá. Del famoso "proceso" queda en pie una frase que Zapatero repitió varias veces: primero el final de la violencia, luego la política. A lo largo de todos estos años hemos intentado hacer política en el País Vasco a pesar de la violencia y de su permanente adulteración de la voluntad ciudadana intimidada. Pero puede que el Presidente tenga razón y que debamos tomar su fórmula al pie de la letra. Es hora de que los constitucionalistas nos neguemos a participar en el juego político mientras dure el terrorismo. No más elecciones, no más fingimiento de que se puede ser normal en plena anormalidad y de que quienes sacan ventaja de la situación la padecen tanto como sus víctimas directas. La autonomía no puede beneficiar sólo a unos, no es un derecho divino sin contrapartidas ni obligaciones con el Estado. Ya que tanto se invoca el caso irlandés en otras ocasiones, podemos recordar que Blair no ha vacilado en suspender la autonomía mientras no se daban las condiciones políticas y la aceptación de la legalidad necesarias para la convivencia. La pervivencia del terrorismo y de quienes no lo condenan (o lo apoyan) y lo rentabilizan crea una situación excepcional que es preciso encarar con medios políticos excepcionales si queremos alguna vez romper el círculo diabólico en el que estamos metidos. Me parece que todos los ciudadanos que no esperan ventajas directas o indirectas de la coacción etarra o de la subasta política de su liquidación condicional pueden comprender, aceptar y apoyar estas medidas clarificadoras.

Un último recuerdo para nuestros hermanos de Ecuador, que vinieron a España con su esfuerzo y sacrificio para labrarse un futuro, colaborando al desarrollo de nuestro país (como la inmensa mayoría de los inmigrantes, conviene recordarlo), y murieron víctimas de un terrorismo en el que los ricos asesinan a los humildes en nombre de ideales xenófobos y retrógrados, a menudo con la comprensión política -cuando no con la complicidad- del izquierdismo más obtuso y falsario de Europa.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de enero de 2007