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La mayoría de las consellerías sigue sin cumplir la Ley de Transparencia

Presidencia es el único departamento que publica sus contratos, convenios y licitaciones

Seis meses después de su publicación en el 'Diario Oficial de Galicia', la Ley de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, piedra angular de la política de regeneración democrática promovida por el nuevo Gobierno de la Xunta, sigue sin aplicarse. Las diferentes consellerías ya ofrecen a través de sus páginas web información de los sueldos de la mayoría de sus altos cargos pero prácticamente ninguna da cuenta de los contratos públicos que adjudica, los convenios que suscribe y las actividades de fomento que promueven con cargo a fondos públicos.

La política de regeneración democrática prometida por socialistas y nacionalistas fue diseñada para apoyarse en tres normas diferentes. La primera de ellas es la Ley de Transparencia, en vigor desde el pasado verano. Las otras dos son la Ley de Subvenciones (recientemente enviado al Parlamento) y la de Publicidad Institucional, todavía pendiente de aprobación por parte de la Xunta.

La Ley de Transparencia trata de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos y de la sociedad civil a conocer la actividad de la administración y "favorecer el control de la legalidad y la oportunidad de las decisiones administrativas" facilitando que la sociedad "asuma un papel activo en la vida administrativa".

Seis meses después de la entrada en vigor de la ley, prácticamente ningún departamento de la Xunta cumple con las previsiones de la ley de difundir información sobre contratos públicos, convenios, y acciones de fomento de actividades con cargo a fondos públicos. Las únicas excepciones son las consellerías de Presidencia y Medio Rural, responsabilidad de José Luis Méndez Romeu y de Alfredo Suárez Canal, en las que es posible hallar información sobre contratos y convenios. En las webs oficiales de Traballo, Política Territorial y Sanidade se pueden encontrar referencias a los convenios pero no a los contratos y en el resto de los departamentos esta información, exigida por la ley, brilla por su ausencia.

La ley obliga a cada órgano de contratación de la Xunta a publicar información detallada acerca de los contratos que ha adjudicado, incluyendo los licitadores, los criterios de selección y su valoración, el cuadro económico de ofertas comparadas, la puntuación obtenida por cada oferta, el resumen motivado de la valoración obtenida y el nombre del beneficiario. También deben publicarse en Internet, de ser el caso, las modificaciones del contrato que supongan un incremento igual o superior al 20% de precio inicial.

Convenios de colaboración

Del mismo modo, la ley establece que tanto las consellerías como las diferentes entidades dependientes de la Xunta deben dar publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y de Internet a los convenios de colaboración que suscriban con otras administraciones. De hecho, en los veinte primeros días de enero, mayo y septiembre de cada año deben publicar una relación completa de los convenios firmados durante el cuatrimestre anterior y mantener toda la información disponible en Internet durante todo el ejercicio presupuestario.

La ley también obliga a publicar en la web una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que vayan a convocarse a lo largo del año por parte de consellerías, organismos y empresas públicas, así como los detalles relativos a las respectivas convocatorias y las concesiones realizadas. Estas últimas serán objeto además de tratamiento específico en el proyecto de Ley de Subvenciones, ya enviado por el Consello de la Xunta al Parlanmento de Galicia.

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la norma, algunas consellerías admitieron ayer que sus respectivos departamentos de Internet siguen trabajando en la adaptación de sus webs para dar cumplimiento a las ley de transparencia. Varias de ellas aseguraron que la información no estará disponible antes de un mes. Otras ni siquiera pudieron ofrecer una fecha estimada.

La ley sí se está aplicando en lo que se refiere al registro central de convenios de colaboración, puesto en marcha por la Vicepresidencia y ya accesible a través de Internet desde el pasado mes de diciembre, aunque todavía no se está actualizando al ritmo previsto (la información debe ser suministrada por cada consellería y departamento firmante de convenios).

La Ley de Subvenciones planteada por el Gobierno establecerá cuando sea aprobada un procedimiento ordinario de concesión a partir del principio de concurrencia, lo que obligará a establecer, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, bases reguladoras de carácter publico.

Sobre la ley de Publicidad Institucional, anunciada para poner fin a las campañas que únicamente tratar de favorecer políticamente a sus promotores, todavía no se conocen los detalles, aunque el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció el pasado lunes que próximamente será aprobada por el Gobierno.

Los sueldos de los altos cargos

La Ley de Transparencia dice claramente que la información a los ciudadanos debe facilitarse "de manera clara y comprensible", pero cada consellería ha interpretado a su manera la obligación legal de divulgar a través de su página web las retribuciones de los conselleiros, secretarios y directores generales, delegados, responsables de organismos autónomos y empresas públicas, así como del personal eventual y de confianza y los diferentes asesores. La mayoría de los departamentos ha situado enlaces a la lista de sueldos en una página de la Xunta (www.xunta.es/consellerias), con la única excepción de las consellerías de Economía, Industria, Pesca y Cultura, que esconden esta información en diferentes enlaces secundarios. La mayoría, sin embargo, omite la referencia en sus páginas de inicio. La información suministrada es, además, muy diferente. Algunos departamentos, como el de Manuel Vázquez, titular de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, sólo ofrecen los datos de sus principales cargos y omiten el nombre y el salario de su personal eventual y de prensa, así como el de los responsables de organismos y empresas públicas que también dependen de las consellerías.

La mayoría, sin embargo, sí da cuenta de los salarios que reciben sus altos cargos e incluso, en algunos casos, explican quiénes perciben complementos retributivos por asistir a reuniones de organismos públicos de los que forman parte en virtud de sus diferentes cargos.

Los conselleiros del Gobierno ingresan al año cifras brutas que oscilan entre los 67.000 euros de María José Caride, Carmen Gallego, Teresa Táboas y los más de 72.000 que ingresan Alfredo Suárez Canal, José Luis Méndez y Manuel Vázquez. Con todo, no son ellos, los que cobran los salarios más elevados. La lista la encabezan el director del Inega, Xoán Doldán, (74.484 euros), la Interventora General, Marta Fernández (82.354 euros) y, sobre todo, el director del Igape, José Antonio Delgado Arce (92.255 euros).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de enero de 2007

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