Transición, juicios y símbolos

El debate transcurrió por caminos de disparidad de criterios y apreciaciones de todos los grupos políticos respecto al contenido del proyecto de ley elaborado por el Gobierno y que ya queda en manos del Grupo Parlamentario Socialista y del Congreso. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el diputado socialista José Andrés Torres Mora se esforzaron en rebatir los argumentos del PP, con la propia literalidad de la ley, respecto a que la futura norma no reabre ni la historia ni las heridas del pasado, sólo consagra derechos. El esfuerzo hasta ayer del diputado ponente de la ley, Ramón Jáuregui, y ahora de Torres Mora va a continuar para convencer a IU y a ERC para que cedan en sus posiciones maximalistas, a ojos del Gobierno y del PSOE, y apoyen una ley que restituye la dignidad de las víctimas.

De la Vega: "Esta ley continúa el espíritu de la Transición. Pero ni concordia es olvido ni perdonar significa eclipsar el recuerdo"

Atencia (PP): "Esta ley busca nominalmente suprimir la división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división"

Xuclà (CiU): "No puede ser una ley teñida de una visión ideológica y parcial del pasado, de ninguna versión parcial"

Joan Herrera (IU-ICV): "Las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos (los juicios franquistas) deben considerarse inexistentes"

TRANSICIÓN. "Concordia no es olvido"

- María Teresa Fernández de la Vega. "Esta ley continúa el espíritu de la Transición, y la Transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia, pero, señorías, ni concordia es olvido ni perdonar significa eclipsar el recuerdo". "La justicia es el mejor cicatrizante para las heridas. La justicia no reabre, sino que cierra etapas. La reconciliación cerró las heridas y las etapas, pero dejó dolor, heridas y cicatrices en el alma que esta ley va a subsanar para tratar de mitigar ese dolor que ni siquiera con esta ley vamos a reparar, el de todos aquellos que sufrieron la persecución y la violencia".

- José Andrés Torres Mora (PSOE). "Cada día que ha pasado desde la Transición, cada día que hemos vivido en libertad, ha sido un día y un instante de negación, de refutación y de condena a la dictadura. El único que quiso revisar recientemente la Transición y superarla fue el anterior presidente del PP, señor Aznar, que escribió un libro que se llamaba La segunda Transición. Unos nos empeñamos en recordar el pasado y otros se olvidan fácilmente. La Transición fue una oportunidad que aprovechamos, con la Transición empezamos de nuevo, de nuevo, no de cero. Ésa es la razón por la que es ejemplar y esa es la razón por la que necesitamos esta ley. Se trata sencillamente de que desde los valores constitucionales, desde la legalidad democrática, que se funda en el pacto de la Transición, demos satisfacción a algunas personas y les ayudemos a cerrar, no a abrir, sus heridas".

- Manuel Atencia (PP). "Es una ley innecesaria a la vez que extemporánea y errónea, porque es una ley hipócrita, falsaria, y porque es una ley irrelevante que pretende atribuir derechos ficticios. Además, el planteamiento que subyace detrás de este proyecto es un torpedo en la línea de flotación de nuestro régimen político, de la legitimación de la democracia, que es la Transición y el pacto constitucional, y es además una iniciativa que no sintoniza ni con los anhelos ni con los sentimientos mayoritarios de la sociedad española. Esta ley es falsaria e hipócrita porque se disfraza de iniciativa de concordia lo que en realidad no es sino un paso más en la estrategia de ruptura del gran pacto de convivencia entre los españoles que fue la Transición y la Constitución. Pero además sus fines son contradictorios en sí mismos. Busca nominalmente suprimir la división, pero la propia existencia de la ley significa un factor de división y enfrentamiento".

- Jordi Xuclà (CiU). "Esta ley debe servir para ampliar y mejorar las bases sobre las que se construyó la Transición, no para negarla, sino para mejorarla. Afrontar esta ley sólo vale la pena si sirve para mejorar la reparación, la memoria y el honor, a partir de este punto de partida. Este proyecto de ley debe ser, y así creemos que se ha planteado, una ley de los demócratas, una ley de todos los demócratas. No puede ser una ley teñida de una visión ideológica y parcial del pasado, de ninguna versión parcial; un pasado doloroso y desgraciado, un pasado que sólo se puede afrontar desde la búsqueda rigurosa de la verdad histórica, de una verdad que empieza con un golpe de Estado contra el régimen constitucional, de una verdad que ha sido a estas alturas largamente investigada por lo historiadores".

ANULACIÓN DE JUICIOS. "Decepción"

- Joan Tardá (ERC).

"Nuestra decepción se convierte en indignación y amargura cuando observamos que el proyecto de ley no aborda la nulidad de los consejos de guerra y de los juicios en aplicación de la legalidad franquista. Pero, sobre todo, como demócratas nos indigna que desde la justicia española se haya invocado en su día el principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, para dictar un orden de detención al general Pinochet, pero que al mismo tiempo se abrió entre las víctimas de los crímenes del franquismo cuando el actual presidente del Gobierno en su discurso de investidura afirmó que su compromiso político había estado marcado por el ideario de su abuelo, militar fusilado por sus compañeros de milicia, por respetar el juramento de fidelidad al orden constitucional. Por eso creímos que asumía íntegramente el testamento de su abuelo: 'Cuando sea oportuno se vindique también mi nombre y se proclame que no fui traidor a mi patria'. Esquerra Republicana, cándidos, lo reconozco, pensó que después de 70 años había llegado el momento de vindicar el nombre de todas las víctimas, de proclamar que todas estas personas no habían cometido traición...". "Un Estado democrático tenía el deber de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad y, si esto no era posible, establecer un mecanismo reglado de reconciliación como el que se formuló en la Comisión de la verdad y la reconciliación.

- Joan Herrera (IU-ICV). "Ante el aparato seudojurídico, instrumento imprescindible del genocidio franquista, el Gobierno opta por la declaración de reparación y reconocimiento personal respecto de las ejecuciones y condenas y sanciones sufridas cuando se acredite que fueron manifiestamente injustas. Revisión moral y simbólica, pero sin efectos jurídicos. ¿Y cuándo llega su opción? La seguridad jurídica. Pero dichos argumentos, que ustedes decían que venían avalados por informes jurídicos, tres meses después de haberlos solicitado aún no los hemos visto. Su problema está en que su principal argumento, la seguridad jurídica, se supedita a otro de rango superior, el principio de justicia recogido en el artículo 1 de la Constitución española. La seguridad jurídica, un principio que informa del ordenamiento constitucional, sirve para garantizar la protección de los ciudadanos, que en nada se vería afectada por la nulidad de sentencias de la represión franquista, porque ¿a quién afecta la declaración de nulidad? Sencillamente a nadie. Por eso no nos sirve su propuesta. La solución, al fin y al cabo, es bien sencilla: la nulidad, la nulidad que ustedes pedían, la nulidad que nosotros hoy mantenemos. Por tanto, la solución es bien sencilla, las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes. El problema simple y llanamente está en que aquéllos no eran juicios porque no tenían la estructura mínima básica de un juicio, porque en siete minutos condenaban a una persona a muerte, porque los magistrados, o eran de la Falange o eran militares, porque no existía independencia judicial. No puede pretenderse que los miles y miles de perseguidos, deportados, torturados, privados de libertad, sometidos a trabajos forzosos o sus familiares, o los familiares de los fusilados, deban ahora, además de todo lo sufrido, acudir a que se reconozca de forma muy moderada que fueron injustamente perseguidos".

- María Teresa Fernández de la Vega.

"Éste no es un problema de debate jurídico, estamos en un debate político. ¿Qué hacemos cuando no hubo sentencia? ¿O es que todos los supuestos que se produjeron fueron con sentencias dictadas por tribunales excepcionales o por consejos de guerra? Lo que el Gobierno quiere es que todas esas personas que fueron condenadas, castigadas, o que sufrieron persecución y violencia, sin sentencia, o con sentencia, se les declare su justicia, se les repare y se les declare el reconocimiento de su inocencia y, a partir de ahí, que puedan reconstruir su memoria individual y personal".

SÍMBOLOS Y MEMORIA. "No nos resignamos"

- Joan Herrera (IU-ICV). "La Guerra Civil queda definida en el texto como un conflicto entre españoles y no se realiza mención alguna al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. No nos vamos a resignar con que en el Valle de los Caídos, a lo sumo, no se realicen más actos de homenaje a Franco. Somos uno de los países de la Unión Europea que más años de dictadura ha padecido y somos uno de los países de la Unión Europea más desmemoriado".

- Aitor Esteban (PNV). "Dar dignidad a las víctimas de la Guerra Civil, a las víctimas del franquismo, es algo inaplazable. La Administración debe suministrar de oficio el trabajo y colaboración para localización y exhumación de cadáveres. También es inadmisible la proliferación de monumentos y símbolos del franquismo por todo el Estado, no es Euskadi".

- Manuel Atencia (PP). "Ustedes han planteado una ley de la recuperación de la memoria histórica aunque le hayan quitado el nombre, cuando reconciliación y concordia no tiene nada que ver con remover el barro".