Numerosos cargos del PP apoyan al alcalde de Vila-real y piden el indulto

Centenares de personas se manifiestan a favor de Vilanova, condenado por el Supremo

Vila-real - 02 dic 2006 - 00:00CET

Alrededor de 800 personas se concentraron ayer en la plaza Bayarri de Vila-real para mostrar su apoyo al alcalde de esta ciudad, Manuel Vilanova, condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para cargo público por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos". Numerosos cargos públicos del PP asistieron a la concentración y defendieron la honradez del alcalde. Vilanova dijo que piensa y dimitir cuando toque. En el momento en que la Audiencia de Castellón le notifique la sentencia.

Vilanova dice que dimitirá "cuando toque porque no me siento un delincuente"

Cuatro vecinos sin filiación política conocida fueron los encargados de leer un manifiesto en el que, sobre todo, intentaron transmitir el afecto que sienten por el alcalde condenado por prevaricación. Expresiones como "Tenemos el corazón con Manolo", "Una buena persona que en estos momentos está viviendo un momento difícil" o "Queremos brindarle nuestro aprecio", y similares menudearon durante la lectura del texto, que se pretendía distante de la inspiración partidista. Incluso el ex presidente de las peñas del Villarreal CF, Esteban Folgado, subrayaba que la concentración se había hecho "desde la amistad y el cariño" y no desde el PP. También se encontraba el empresario Antonio Bonet, ex presidente del Castellón.

Los esfuerzos de estos vecinos casaban mal con el protagonismo asumido por los cargos públicos del PP que acudieron al acto. No estaban el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, ni el presidente de la Diputación, Carlos Fabra; pero sí los alcaldes de Oropesa, Xilxes y Cabanes, Ramón Tomás, primer teniente de alcalde de Vila-real y vicepresidente cuarto de la Diputación, el concejal de urbanismo de Borriana, el ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, que asistió porque, según dijo, "creo que [Manuel Vilanova] es una persona honrada"; y ex senadores como Carmen Pardo y Miguel Prim, imputado en el caso Fabra, entre otros.

El primer teniente de alcalde de Vila-real, Ramón Tomás, explicó que su partido acata la sentencia, pero matizó que "nadie nos puede negar el derecho a la lucha". Qué lucha: "Vamos a plantear el recurso de amparo y a pedir el indulto". Cómo. Tomás lo sugirió indirectamente: "La Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos. La sentencia puede marcar una línea sobre la contaminación acústica". La Diputación de Castellón, pues, será (es ya de hecho) el motor desde el que se recogerán las firmas para apoyar a Manuel Vilanova.

Juan José Ortiz, senador del PP, aseguró que tanto él como los senadores de su partido van a sumarse a la petición de indulto. Y ayer mismo se recogían las primeras firmas entre los manifestantes, quienes portaban pancartas y pegatinas con los lemas Tots amb Manolo, Manolo, una persona honrada y Indult per a Manolo.

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Con estos lemas y gritos de ¿Viva el alcalde! o Manolo no estás solo, un grupo de manifestantes recorrió los escasos 400 metros que separan la plaza Bayarri de la casa donde vive el alcalde. Allí, Vilanova, salió a la calle y, posteriormente, saludó a los concentrados desde el balcón. El todavía alcalde de Vila-real, además de mostrarse "emocionado" y "agradecido", dijo que iba a acatar la sentencia "pero cuando toque". Presumiblemente cuando la Audiencia de Castellón se la notifique de manera formal. Vilanova añadió que iba a luchar "por demostrar que no soy una persona tan mala como parece que soy. No voy a dimitir porque no me siento un delincuente. Pediré el indulto y, si no me lo dan, me iré a casa".

Horas antes de la manifestación la alcaldesa de Valencia mostraba su estupor por la sentencia. De "increíble" y "alarmante" calificó Rita Barberá el fallo, en la línea de lo expresado el pasado jueves cuando dijo que "todos los alcaldes de España estamos en este momento sometidos a las posibles consecuencias de esta decisión por si crea jurisprudencia", pero no quiso hacer más valoraciones "por no meter la pata".

Estas manifestaciones no fueron compartidas por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Rafael Rubio, que se temió que Barberá acudiera a la manifestación de Vila-real, aseguró que no se trata de una causa abierta a todos los alcaldes porque "los que actúan con sometimiento pleno a la normativa no tienen nada que temer".

Jueces para la Democracia reclama respeto y prudencia

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y el portavoz del Consell, Vicente Rambla, coincidieron ayer en reclamar "respeto" ante las decisiones judiciales. Pero mientras los primeros se referían al fondo de la sentencia condenatoria al alcalde de Vila-real, el segundo se cuestionaba la forma en qué se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo.

Jueces para la Democracia, a través de un comunicado, instó a los cargos públicos a "mostrar una mayor prudencia, que debería situarse a la altura de sus responsabilidades". En este sentido, la asociación expresó su "preocupación ante la naturaleza y gravedad de algunas de las consideraciones vertidas en los últimos días desde el ámbito político". JpD recuerda que la sentencia -que el PP critica reiteradamente, con especial referencia a su ponente José Antonio Martín Pallín- "ha sido dictada por unanimidad en el ámbito de sus competencias por tres magistrados independientes del tribunal Supremo, con una larga trayectoria profesional en el desempeño de sus funciones". La asociación estima que la resolución está "ampliamente motivada y considera que ha quedado probado que el primer edil de Vila-real cometió un delito de prevaricación por no ejecutar a sabiendas determinados actos administrativos a los que estaba obligado".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, añadió que "desde la administración valenciana han abundado las declaraciones que se centran en la descalificación personalizada de los magistrados, con actitudes cercanas a la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales".

El "respeto" que pidió el consejero Rambla se limitó a las "formas y a los procedimientos", insistiendo en que el Consell sólo conoce la sentencia a través de los medios de comunicación aunque "parece ser que tiene todos los visos de ser cierta".

Por su parte, los socialistas criticaron la posición que mantienen los conservadores ante el fallo del Supremo. Joan Ignasi Pla pidió al presidente de la Generalitat y al PP que "no se pusieran tan nerviosos, que acepten las reglas del juego democrático y el resultado de las elecciones [que] saben que van a perder". En la misma línea se pronunció el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Antoni Such, quien dijo que "ni los partidos más extremistas cuestionan el Supremo".