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miércoles, 22 de noviembre de 2006
Editorial:

Las consecuencias

Si ha sido ETA, tendrá consecuencias, dijo Zapatero tras el robo de armas en Francia, hace un mes. Ahora ya tenemos la confirmación de las autoridades francesas, que además inscriben el robo en una cadena de actividades propia de una organización terrorista que, lejos de prepararse para la retirada, trata de reorganizarse para volver.

El Gobierno no puede arriesgarse a dar sin más por cerrado un proceso que, tras tres años y medio sin muertos, ha creado condiciones objetivas muy favorables para una salida dialogada; la principal de esas condiciones es la convicción compartida por todo el nacionalismo vasco, incluyendo el electorado de Batasuna, de que la llamada lucha armada es cosa del pasado. Pero tampoco puede, en nombre de esa oportunidad, ignorar o minimizar lo ocurrido, porque ello sería inmediatamente interpretado por ETA como que, haga lo que haga, mientras no mate, el Gobierno seguirá adelante. Estos tres años y medio, aunque producto en parte del azar, son también una ocasión difícilmente repetible para la ilegalizada Batasuna, e incluso una oportunidad para la retirada honrosa (a sus propios ojos) de ETA. Algo ha debido de pasar dentro de ETA, o entre ETA y Batasuna, para que se produzca esta marcha atrás respecto a lo que se daba por establecido: que la banda tal vez redoblaría las apelaciones retóricas, pero que buscaba una salida viable.

En el último Zutabe, el boletín de la banda, se alude al incumplimiento de compromisos previos al alto el fuego, que identifica con el sobreseimiento de los procesos abiertos y la legalización de hecho de Batasuna, por un lado; y con el compromiso, por otro, de un acuerdo político que incluyera la autodeterminación y Navarra. Sobre lo primero, es cierto que resulta arduo compaginar la prohibición de actividades de Batasuna con la tolerancia mínima necesaria para que sea un interlocutor leal. Pero esa tolerancia ya existía hace meses, y no habría sido difícil prolongarla si ETA hubiera dado algún indicio de que estaba dispuesta a retirarse definitivamente, y Batasuna, de estar dispuesta a acatar la legalidad.

Pero lo que hubo fueron pruebas de lo contrario: exigencias (como la derogación de la Ley de Partidos o la aceptación del cuestionamiento del marco constitucional) que ningún Gobierno democrático podría aceptar. ETA no sólo no declaró irreversible el alto el fuego, sino que anunció que seguiría en la lucha armada hasta alcanzar la independencia. Ése es el marco de provocaciones crecientes en que se ha producido la confirmación francesa de que el robo de armas fue obra de ETA, y no de un sector disidente, sino de un grupo expresamente creado por la dirección para estas actuaciones aparentemente destinadas a preparar el regreso.

El Gobierno no puede descartar esa posibilidad, y tiene que prepararse ya para hacerle frente. En el terreno policial y judicial sobre todo, incluyendo el reforzamiento de los lazos con las autoridades francesas, cuya forma de comunicar la autoría del robo parece revelar una cierta falta de sintonía que debe corregirse. Y también en el terreno político, restableciendo sin más demora la comunicación directa de Zapatero con Rajoy, sin descartar la vuelta al Pacto Antiterrorista como mensaje de firmeza dirigido tanto a la banda como a una opinión pública hoy por hoy muy desconcertada.

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