El juez investiga si hubo prevaricación y tráfico de influencias en Las Navas del Marqués
Una juez de Ávila investiga si en la aprobación de la urbanización en el pinar protegido de Las Navas del Marqués hubo tráfico de influencias, prevaricación, falsificación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, según fuentes del caso. La juez, que ya ordenó paralizar la tala, admitió ayer a trámite la denuncia presentada por ocho asociaciones ecologistas y Comisiones Obreras. El escrito no imputa responsabilidades concretas a altos cargos, pero apunta al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, al presidente de la Diputación, al director de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre (todos del PP) y hasta al actual secretario de Organización del PP, Sebastián González, como autores de los delitos.
El juez de instrucción número dos de Ávila instruía ya una denuncia por delito ecológico contra el constructor Francisco Gómez, El Paloma, por comenzar la tala de un pinar protegido pese a que una sentencia impedía urbanizar allí. Ahora, a petición de la asociación ecologista Centaurea, SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Cantueso y Granma, amplía la investigación. El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, pidió al juez "que investigue hasta el final las posibles responsabilidades por la tramitación de la urbanización".
Los ecologistas denuncian que antes de iniciar los trámites, el Ayuntamiento de Las navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León ya habían pactado con el constructor que construiría allí 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel pese a que es zona protegida y área crítica para la cigüeña negra. La denuncia destaca que para urbanizar el pinar, las administraciones ignoraron los informes contrarios y que duplicaron la superficie pactada con el promotor aunque el precio que recibió el ayuntamiento apenas aumentó.
Las Administraciones habían firmado el 26 de noviembre de 2001 un "preacuerdo de compraventa" con el promotor pese a que el suelo no salió a concurso hasta 2002 y pese a que la urbanización no se aprobó hasta 2004 y además se comprometieron a indemnizarle si los técnicos frenaban la reclasificación.
