La fiscalía pide al juez que investigue el patrimonio de seis concejales de Nigrán

Un edil del gobierno municipal de Nigrán (Pontevedra) acusó ante la Guardia Civil al alcalde Alfredo Rodríguez, del PP, de retener el Plan General de Ordenación Municipal durante el periodo en que fue redactado. El testimonio del concejal es parte de la denuncia presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra el regidor y otros cinco ediles. La fiscalía pide que se investigue si el gobierno local filtró el planeamiento a un grupo de promotores, compañeros de Rodríguez en la directiva del Celta, que compraron fincas en el municipio.

El concejal de Nigrán declaró ante los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que el alcalde, Alfredo Rodríguez, "capitalizó y casi secuestró" el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) durante los meses previos a su aprobación. El planeamiento, que preveía la recalificación de varios terrenos propiedad de los compañeros de Rodríguez en la directiva del Celta de Vigo, tuvo que ser retirado en junio después de una revuelta vecinal.

El testimonio del edil consta en la denuncia presentada por el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante el juzgado decano de Instrucción de Vigo. En su escrito, el ministerio público señala al alcalde popular, Alfredo Rodríguez, y a su edil responsable de Urbanismo, Antonio Fernández Comesaña, concejal del Partido Independiente de Nigrán (PIN), como "las personas que podrían tener un acercamiento más próximo" al polémico documento.

Con esta actuación, la fiscalía intenta determinar si el alcalde popular de Nigrán y / o alguno de sus cinco concejales (cuatro del PIN y uno del PP) cometieron un delito de tráfico de influencias que permitió a los directivos del Celta valerse de información privilegiada para comprar 123.000 metros cuadrados de suelo rústico o con escasa edificabilidad en el municipio, cuya calificación iba a ser modificada por el PGOM.

Esas adquisiciones de fincas en zonas próximas a la playa las realizaron el presidente del club, Carlos Mouriño, el vicepresidente, Ricardo Barros, y uno de sus consejeros, Antonio Rosendo, a través de la sociedad Metrowest Europa, SL, cuando Alfredo Rodríguez compatibilizaba los cargos de alcalde en Nigrán y el de director general en el club. En su escrito, el ministerio público considera probada "la premura con la que el plan iba a ser ratificado" por el gobierno municipal y define como "objetivas" las relaciones del alcalde popular, Alfredo Rodríguez, con algunos de los grupos inmobiliarios que realizaron las compras de solares en el municipio durante el tiempo en que el planeamiento sólo era conocido por el equipo de gobierno.

Por eso, la denuncia pide al juez que investigue el patrimonio de los seis ediles imputados y de algunos de sus allegados para analizar su evolución desde el año 2001, momento en el que se empezó a redactar el diseño urbanístico.

En la argumentación de la denuncia se insta al juez "a seguir, si es que existe, como parece deducirse de la documentación aportada, el camino del dinero, habida cuenta que el mismo siempre deja un rastro". "Se trata", continúa el fiscal, "de relacionar la posible filtración o el interés por su aprobación inmediata con algún tipo de beneficio económico".

Otras actuaciones

El escrito del fiscal desecha la comparación esgrimida por el equipo de gobierno entre el avance del plan de 2001, diseñado por el alcalde socialista anterior, y el documento definitivo, dado que el primero sólo contemplaba "rasgos generales del planeamiento, sin alineaciones, edificabilidad ni distribución de las cargas". En otro de los párrafos del texto que está ya en manos del titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, el fiscal aclara que la denuncia no entra a valorar, de momento, otras actuaciones que "en sí mismas podrían integrar ilícitos penales", como la adjudicación de un aparcamiento, en la zona de A Ramallosa, en Nigrán. La fiscalía cree que la actuación "determinaría ilícitos relacionados con la prevaricación y el tráfico de influencias". Se refiere a la concesión de un aparcamiento a la empresa Grupo Miñor, cuyo representante es también el vicepresidente del Celta, Ricardo Barros Hermida.

El alcalde se mostró convencido de que la justicia acabaría absolviéndolo. Alfredo Rodríguez dijo que la denuncia era una buena oportunidad para defender su inocencia.