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Tribuna:

Sin política ambiental

Una de las características que puede relacionar la gestión de los diferentes gobiernos de la Generalitat desde su reinstauración sería la falta de voluntad a la hora de dar un verdadero impulso a la política ambiental en Cataluña.

Empezando por nuestros dos presidentes, ninguno de los cuales parece haber entendido el medio ambiente como oportunidad de modernización, sino más bien todo lo contrario, el balance de las acciones llevadas a cabo por las autoridades ambientales de los diferentes gabinetes para promover la conservación del entorno y sus recursos naturales en Cataluña es ciertamente pobre.

Los países más avanzados del mundo lo son también en materia de legislación y política ambientales. El respeto al medio ambiente y su custodia es un hecho inherente a toda acción de gobierno en otros países: Suecia, Alemania, Holanda, Quebec y Australia. Acaso por ello algunos de estos países han dado un carácter transversal a esa responsabilidad en lugar de arrinconarla en un ministerio. Su política económica, educativa, social y hasta cultural es mucho antes ambiental.

¿Quiere decir ello que el Departamento de Medio Ambiente es innecesario? Bien, esa es la idea que le ha rondado por la cabeza a más de un político catalán en los últimos años, aunque no precisamente para impulsar la política ambiental desde la acción de gobierno, sino más bien para todo lo contrario. De hecho, la propuesta de convertir Medio Ambiente en una Dirección General de Política Territorial iba en algunas de las agendas de trabajo de algún conseller que concurría a la reelección en los anteriores comicios.

El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat se creó en marzo de 1991. Es evidente que 15 años de gestión dan para mucho y sería faltar a la verdad negar los avances que se han producido desde entonces. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales. Cataluña posee 328 estaciones depuradoras de aguas residuales y tiene 154 en construcción. Un número de equipamientos que duplica, triplica y hasta multiplica por 10 el de otras comunidades. Buena prueba de ello es el estado de conservación de nuestros ríos, que ha mejorado notoriamente en estos 15 años.

Se ha avanzado también en materia de residuos y de conservación del patrimonio natural, aunque en este caso más por imperativo comunitario (caso de la aprobación de la red de espacios propuestos para integrar la Red Natura 2000 de la UE) que por voluntad política.

Un claro ejemplo de que el déficit en política ambiental es un rasgo característico de la política catalana es el balance con el que salda sus cuentas el Gobierno tripartito. Gobierno que delegó la cartera de Medio Ambiente a una coalición de partidos de izquierda que se definía y se sigue definiendo a sí misma como ecologista.

Echamos un vistazo a los propósitos planteados a principio de legislatura y, pese a que la comparación respecto a anteriores gobiernos es favorable, anotamos más de una veintena de objetivos incumplidos de manera destacada. No se ha aprobado la ley de caza ni la ley de pesca. Tampoco la de biodiversidad ni la integral de la Administración ambiental. No se han creado las agencias del aire o de la naturaleza. No se ha modificado la ley para introducir el famoso canon a la incineración, ni la que debía reglamentar los residuos de la construcción. No se ha desarrollado el Libro Blanco del desarrollo sostenible en Cataluña, uno de los objetivos prioritarios para la legislatura, así señalado en los presupuestos junto a los proyectos incumplidos de creación de los parques naturales del Montgrí, Medes i BaixTer y el de Muntanyes de Prades.

También se ha quedado en el cajón la legislación que debe regular la implantación de la energía eólica. En esta materia, Cataluña se ha situado a la cola de todo el país cuando fue la pionera en su arranque, y las tensiones territoriales para la promoción de una fuente de energía limpia y renovable tan estratégica, llamada a desempeñar un papel tan importante en el relevo de las fósiles, no han hecho sino acentuarse.

Al respecto de este asunto, hace unos años tomé nota de una anécdota que delata la condición de Pepito Grillo que ha tenido, tiene y muy probablemente seguirá teniendo el consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo catalán. Se discutía en el consejo sobre la necesidad de empezar a prospectar las verdaderas posibilidades de la eólica en Cataluña. El responsable departamental intervino entonces para apercibir al presidente y al resto de sus colegas sobre la oportunidad de elaborar antes un mapa eólico, una radiografía del territorio que identificase las áreas que podían acoger aerogeneradores y las que deberían quedar excluidas por su alto valor ecológico. En ese momento intervino uno de los pesos pesados del Ejecutivo, hombre muy próximo al presidente, para sentenciar: "¿Un mapa eólico? Eso ya lo tenemos hecho: allí donde sopla el viento. Ya está". Las miradas del resto de los consejeros se centraron en el aturdido responsable ambiental. Se acababa de dar de bruces contra el paradigma de desarrollo imperante, en el que el medio ambiente y sus defensores eran el obstáculo que salvar.

Esa percepción del medio ambiente como escollo, tal vez revisada, probablemente más refinada y sutil, ha seguido caracterizando la acción del Gobierno catalán en esta última legislatura. La manera como se gestionó la crisis originada por el trazado del túnel de Bracons y su resolución final o el modo como se condujo el debate sobre la interconexión eléctrica a través de la línea de muy alta tensión dan muestras de ese carácter.

El Gobierno ha pasado de entender el medio ambiente como obstáculo a interpretarlo como paisaje. Tal vez esa diferencia en la percepción resuma los cambios habidos en materia de gestión ambiental. No agresión en contra, pero tampoco acción a favor. En su discurso de investidura, el presidente Maragall no hizo referencia alguna a sus objetivos en política ambiental. Lo más triste es que ningún miembro de la oposición se lo echó en cara ni terció al respecto.

La política ambiental merece mejor trato y más consideración por parte de nuestros representantes, entre otras cosas porque cada vez somos más los ciudadanos que demandamos avances al respecto. Ese es uno de los retos que deberían asumir quienes aspiren a gobernarnos.

José Luis Gallego es escritor y periodista ambiental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de octubre de 2006