La Guardia Civil hizo pública la semana pasada la localización de 3.343 construcciones ilegales en zonas rurales o costeras de Andalucía. Se trata sólo de la punta del iceberg de un grave problema, que, en la mayoría de los casos, se arrastra desde hace décadas. Si en los años setenta y ochenta, surgieron urbanizaciones enteras a espaldas de la ley, hoy lo que proliferan son las viviendas aisladas.
Los partidos catalanes van a apretar el acelerador en la segunda y última semana de campaña que hoy empieza. El Partit dels Socialistes se empeñará a fondo en impedir que sus rivales de Convergència i Unió sigan marcando el compás electoral. Por ello, redoblarán sus citas con la militancia, saldrán del área metropolitana de Barcelona y volverán a contar con José Luis Rodríguez Zapatero mañana y el próximo lunes.
El Consejo de Estado asegura que el funcionamiento "extremadamente deficiente" de los servicios públicos facilitó que el moldavo Pietro Arkan pudiera asesinar, en su propia casa y en presencia de su mujer, al abogado Arturo Castillo, el 20 de junio de 2001. Este órgano consultivo del Gobierno recomienda que se indemnice con 760.000 euros a la familia.
La Consejería de Territorio reconoce la existencia de 504 expedientes sancionadores abiertos por otros tantos vertederos ilegales en la Comunidad Valenciana. De ellos, 52 se encuentran en zona forestal de la provincia de Valencia. Esa cifra no coincide con la que señala la Fiscalía, que según la información del Seprona de la Guardia Civil así como de la policía autonómica alcanzaba los 70.
El Departamento de Vivienda va a relanzar su programa Bizigune, destinado a movilizar los pisos vacíos y colocarlos en el mercado del alquiler, transformándolo en una sociedad pública. De esta forma, contará con más medios económicos y humanos y podrá resolver con mayor agilidad los procesos de adjudicación.