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viernes, 20 de octubre de 2006

Siete funerarias, implicadas en una trama de venta ilegal de órganos en Nueva York

Nadie estaba a salvo. Ni los vivos ni los muertos. Y el peligro no estaba en una sola empresa funeraria sino al menos en siete. El pasado febrero, Nueva York descubría con horror el siniestro tráfico organizado por una banda de cuatro personas que robaba tejidos y huesos de los difuntos para venderlos ilegalmente para trasplantes utilizando como centro de operaciones la casa funeraria Daniel George & Son, en el barrio de Brooklyn. El miércoles, el fiscal que investiga el caso, Charles Hynes, desveló que además siete directores de otras tantas empresas funerarias se han declarado culpables en esta espeluznante trama en la que se calcula que fueron profanados más de 1.100 cadáveres. El número de estafados que recibieron órganos en Estados Unidos y en el extranjero sin el consentimiento de sus dueños originales y sin los controles sanitarios apropiados aún no se ha hecho público.

El principal implicado en el caso, Michael Mastromarino, de 42 años, era un dentista que perdió su licencia pero no su visión empresarial (pese a la prohibición expresa de este tipo de venta, desguazar un cadáver puede llegar a generar hasta 250.000 dólares -unos 198.412 euros- de beneficio). Mastromarino fundó en 2001 la compañía Biomedical Tissue Services Limited, con la que vendía tejidos y huesos a empresas de biotecnología estadounidenses desde las que huesos y tejidos se repartieron por todo el mundo.

Los cadáveres se los proporcionaba, a 1.000 dólares (unos 793 euros) la pieza, Joseph Nicelli , director y embalsamador hasta el 2005 en la casa funeraria Daniel George & Son, donde con la ayuda de Lee Crucetta y Christopher Aldorassi, enfermeros, se descuartizaban los cuerpos, se les extraían los huesos y los tejidos servibles y después se les volvía a coser como si nada hubiera ocurrido. En el colmo del horror, los criminales no dudaron en sustituir los huesos de los cadáveres por tuberías, para que brazos o piernas no perdieran su firmeza. Después sólo había que falsificar los certificados de defunción y la edad del muerto: así fue como el conocido presentador de las televisiones estadounidense y británica Alistair Cooke, que murió a los 95 años de cáncer con metástasis en los huesos, oficialmente apareció en los papeles como difunto a los 85 años por un infarto. La mayoría de los donantes eran personas que por su edad o su salud nunca hubieran podido serlo de forma consciente.

Mastromarino, Nicelli, Crucetta y Aldorassi fueron acusados en febrero de 122 cargos relacionados con el robo, descuartizamiento, venta ilegal de órganos y falsificación de documentos relacionados con 10 cadáveres. A ese número el fiscal Hynes le añadió el miércoles otros 14 cuerpos, aunque la pena máxima a la que podrían enfrentarse los cuatro acusados no varía: 25 años de cárcel. Todos están en libertad condicional bajo fianza y el miércoles se declarararon por segunda vez inocentes.

El grupo actuó con impunidad entre 2001 y 2005, hasta que Nicelli decidió deshacerse de su funeraria. Fue precisamente esa venta la que provocó el descubrimiento de toda la trama. Los nuevos dueños denunciaron ante la fiscalía de Brooklyn que el negocio que acababan de adquirir tenía una contabilidad dudosa y faltaba el dinero de diversos funerales que supuestamente habían sido pagados por adelantado. La investigación subsiguiente llevó a la fiscalía a destapar un negocio con el que Mastromarino llegó a amasar más de cuatro millones de dólares (unos 3,2 millones de euros).

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