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Los escándalos urbanísticos

La fiscalía investiga al Gobierno de Murcia por un 'pelotazo' de 75 millones de euros

Un amigo de un consejero compró un terreno y lo vendió por el triple tras la recalificación

El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. Según la investigación del fiscal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. La fiscalía ha abierto diligencias también por la recalificación de otro terreno protegido en cuya compra intermedió el cerebro de la trama de Marbella, Juan Antonio Roca.

La finca La Zerrichera está en un lugar privilegiado: cerca del Mediterráneo y de una sierra protegida y junto a la futura autovía Cartagena-Vera. El concejal del PP de Águilas José López compró junto a otros empresarios el suelo en 2004. Pocos meses después, el 15 de septiembre de 2004, vendió al promotor Trinitario Casanova. El concejal ganó 1,2 millones de euros y el constructor pagó 30 millones de euros por toda la finca. Entonces, las 240 hectáreas de suelo estaban calificadas como rústicas y un tercio estaba protegido por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.

El Ayuntamiento de Águilas aprobó en 2005 la recalificación de la finca para construir 4.100 casas y un campo de golf. El cambio de uso salió adelante con los votos del PP y de seis ediles del PSOE. Éstos fueron expulsados del partido por apoyar la recalificación. López dimitió tras publicarse que había ganado dinero en la venta. A principios de 2006, la Consejería de Obras Públicas aprobó el expediente y el terreno pasó a ser urbanizable. El consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, es amigo personal del constructor, según la investigación. La recalificación contó con el apoyo del entonces consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués.

Una vez que el suelo fue recalificado, el empresario lo puso en venta y en marzo de 2006 fue a parar a manos de la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián), que desembolsó 105 millones de euros, según consta en documentos de la compraventa. Así, el beneficio de Casanova fue de 75 millones de euros sin poner un ladrillo y en sólo dos años.

Paralización momentánea

El actual titular de Medio Ambiente, Benito Mercader, ha paralizado momentáneamente la iniciativa urbanística, hasta que esté aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Almenara, que cuenta con una subvención europea para conservar el águila perdicera.

La paralización de esta operación ha sido uno de los motivos por los que la Kutxa ha decidido segregar su filial Inverlur 5005 en varias firmas, ya que en el caso de que La Zerrichera no se realizara podría suponer un duro revés para la firma matriz. En otras de sus inversiones en Murcia, las urbanizaciones de Lo Poyo y Novo Carthago, la Kutxa ha separado las sociedades de los empresarios investigados por la Operación Malaya.

El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, consideró "extremadamente grave" la recalificación de La Zerrichera y la construcción de "4.100 viviendas". García criticó que "construir esa cantidad de viviendas donde anida una de las últimas parejas de águilas perdiceras de Murcia, no sólo va en contra de la protección de ese espacio natural, sino contra la razón". El presidente de Anse sostuvo que "en el caso de la recalificación ha habido prevaricación", por lo que los ecologistas interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Por otra parte, el fiscal jefe de Murcia ha abierto también diligencias informativas sobre la compraventa de la finca de Lo Poyo (Cartagena) y su posterior recalificación por parte del Ayuntamiento de Cartagena, del PP. El pasado 6 de octubre, el PSOE denunció la operación. El fiscal investiga por qué un grupo de empresarios encabezados por el guipuzcoano Francisco Javier Arteche y los representantes de la Kutxa compraron un terreno en el que no se podía urbanizar por 213 millones de euros y que al poco tiempo fue declarado urbanizable a falta de la aprobación definitiva.

Tras la compra, la Consejería de Medio Ambiente aprobó la declaración de impacto ambiental de la urbanización de Lo Poyo y el Ayuntamiento de Cartagena aprobó la modificación inicial del Plan de Ordenación Urbana que incluye la urbanización de este paraje del Mar Menor. Según la investigación de la policía en la Operación Malaya de Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca pagó dos millones de euros por la compraventa de los terrenos de Lo Poyo.

La asamblea general de la Kutxa de hoy tendrá como centro de atención las inversiones que la entidad financiera ha realizado en Lo Poyo y en La Zerrichera y la posible relación con la Operación Malaya. El grupo de consejeros del Partido Socialista de Euskadi pedirá una explicación al presidente de la caja, Carlos Etxepare, para que aporte "una información clara y franca sobre la implicación de la Kutxa en los proyectos inmobiliarios con la llamada trama de Marbella".

Relación con Roca

También pedirán que explique la política de inversiones inmobiliarias, al frente de la cual ha aparecido en numerosas ocasiones Francisco Javier Arteche, Luis María Maya y Agustín Aguirre. Estos dos empresarios, que encabezan más de 200 sociedades, pagaron dinero al cerebro del urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, según confesó este último ante el juez Miguel Ángel Torres.

Además, según el sumario de la Operación Malaya, Montserrat Corulla Castro, considerada por el juez como la principal testaferro de Roca, era beneficiaria de la tarjeta visa Oro de la Kutxa de la empresa Aguirene. Esta empresa es propiedad de los empresarios Luis María Maya y Agustín Aguirre, dueños al 50% de los proyectos urbanísticos de Lo Poyo y Novo Carthago (9.000 viviendas y un campo de golf) en el municipio de Cartagena. Mientras que en Lo Poyo la recalificación está en trámite, las obras de la urbanización Novo Carthago ya han comenzado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de octubre de 2006