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Decenas de municipios valencianos acumulan miles de casas al margen de la legalidad

La Generalitat interviene en Catral (PSOE), pese a que Orihuela (PP) tiene más infracciones

La proliferación de casas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo de la Comunidad Valenciana. El fenómeno se extiende de norte a sur: en la costa o en plena huerta se han levantado, a partir de los años noventa, miles de casas en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como el de Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. Sin embargo, la Generalitat ha intervenido en un caso, el del municipio alicantino de Catral, del PSOE, al que ha retirado las competencias urbanísticas por un número de casas ilegales inferior, unas 1.200.

El gobierno autonómico valenciano acordó el miércoles la suspensión de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Catral, que preside el socialista José Manuel Rodríguez. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, justificó la medida ante la "relajación del Ayuntamiento" por la construcción de 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable en los últimos años.

Según el consejero, la intervención era "inaplazable". Pero la Generalitat no es la primera en actuar contra el desorden urbanístico de Catral. La masiva construcción de viviendas ilegales en plena huerta del término de Catral ya es objeto de una investigación judicial que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela, a raíz de una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). La entidad denunció por prevaricación y supuesto delito contra la ordenación del territorio al alcalde, los cuatro concejales de la comisión de gobierno local, cuatro constructores y una decena de pequeñas inmobiliarias, cuyo ámbito de actuación también se circunscribe al ámbito del sur de la provincia de Alicante. Estas inmobiliarias son las encargadas de poner en el mercado las viviendas. Sus propietarios son mayoritariamente extranjeros. Uno de ellos, un ciudadano holandés, afiliado de la asociación, fue el impulsor de la denuncia en los juzgados al descubrir la "ilegalidad" de la vivienda que había adquirido.

Entre los promotores denunciados por la AECU, se encuentra Jesús Grau Gelardo (hermano de la concejala Pilar Grau Gelardo), Ginés Ruiz López (cuñado del alcalde) y María Ángeles Rodríguez Leal (hermana del alcalde).

El colectivo denunció "que el alcalde, la junta de gobierno y los funcionarios de Catral, a veces incluso con informes en contra del arquitecto y del secretario municipal, aprueban segregaciones y parcelaciones aparentemente agrarias, pero realmente urbanísticas, con la clara finalidad de edificar".

En diciembre de 2004, el juez del caso dictó una providencia en la que, entre otros extremos, pedía al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que identificara a los constructores de las edificaciones efectuadas en suelo no urbanizable y dirigía un escrito a la Consejería de Territorio y Vivienda para que informara si tenía conocimiento o había autorizado las edificaciones en suelo no urbanizable de Catral.

Las edificaciones ilegales son una constante en el urbanismo valenciano. El primer repunte se produjo con el tardofranquismo. Ninguna de esas edificaciones -el caso más llamativo fue el Marjalería, con miles de casas en la huerta del término de Castellón- se demolió. Fueron legalizadas mediante convenios urbanísticos.

En plena democracia y al socaire del boom inmobiliario, proliferaron más edificaciones ilegales. Los puntos elegidos por los promotores para levantar urbanizaciones al margen de la ley fueron, otra vez, la costa y el suelo agrícola. En el sur de la Comunidad Valenciana los ejemplos más llamativos de este urbanismo al margen de la ley, además de Catral, son los municipios de Orihuela, San Miguel de Salinas y Callosa de Segura. El primero gobernado por el PSOE y los tres últimos, en manos del PP.

En el término de municipal de Orihuela, uno de los más extensos de la Comunidad Valenciana, según la oposición, se han levantado en los últimos 20 años unas 30.000 casas de manera ilegal. La mayoría, ubicadas en las partidas rurales de las pedanías del municipio, como es el caso de una casa de la actual concejal de urbanismo, Eva Ortiz. La irregularidad más común ha sido la construcción en suelo no urbanizable y de especial protección. La adjudicación de planes urbanísticos de estas características a promotores locales es el eje de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Consistorio oriolano. Los supuestos hechos delictivos han acarreado la imputación del alcalde, José Manuel Medina, en el cargo desde 1996. El político popular ha anunciado que no opta a la reelección.

Colegio de Arquitectos

El municipio de San Miguel de Salinas, contiguo a Catral, acumula hasta 11 iniciativas urbanísticas ilegales, con más de dos centenares de viviendas. Todos estos casos han sido denunciados a la Fiscalía Anticorrupción por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel. Entre los proyectos ilegales destacan, un campo de golf y una mansión en suelo protegido.

La suspensión de las competencias urbanísticas a un Ayuntamiento, por primera vez en la historia de la Generalitat valenciana, ha motivado la convocatoria de una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana para hoy. El decano del colegio, Juan Castillo Carpio, justifica la convocatoria por la "gravedad" de la situación.

Brigada de funcionarios contra el delito urbanístico

El consejero valenciano de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, adelantó que el Ejecutivo valenciano aprobará la creación de un cuerpo específico de funcionarios de inspección dedicados exclusivamente a la investigación de las irregularidades no sólo urbanísticas, sino también las conexiones con determinados grupos económicos inversores nacionales y extranjeros.

González Pons anunció también que se procederá a la identificación inmediata de los promotores y constructores de las viviendas ilegales en Catral, con el fin de iniciar frente a ellos todas las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad. "Vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe", dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de octubre de 2006

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