_
_
_
_
_

Pro Derechos Humanos advierte de que la Ley del menor confunde riesgo y desamparo

La ONG pide más recursos para subsanar la "exclusión social" de las familias

Margot Molina

"Confundir una situación de riesgo, provocada por la pobreza y la exclusión social de la familia, con otra de desamparo, que es cuando los padres no atienden las necesidades de sus hijos, es uno de los grandes problemas que tiene la Ley sobre los derechos y atención al menor de 1998". Ésta es una de las cuestiones que plantea el informe que presentó ayer en Sevilla la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Según el responsable del documento, Miguel Santiago, los recursos que la Junta dedica para evitar la exclusión social son "claramente insuficientes" y lo mejor para evitar el "síndrome de institucionalización" de los menores es el "acogimiento del menor en caso de desamparo" en otra familia.

"Tenemos un sistema que sólo detecta la desprotección en los barrios depauperados"
"La adopción debería hacerse sólo en los casos de situaciones irreversibles"

"En Andalucía hay unos 400.000 andaluces que viven en situación de exclusión social, con problemas de pobreza, salud, drogadicción... Los menores de esas familias están en situación de riesgo, pero no de desamparo", explicó ayer en Sevilla Miguel Santiago, coordinador del área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). La ONG presentó ayer el informe El sistema de protección del menor: Visión crítica de la Apdha, un estudio elaborado por la asociación tras otro que apareció en 2002, ¿Niños peligrosos o niños en peligro?

Ambos documentos analizan la situación de los menores tutelados por la Junta de Andalucía, que el año pasado eran 1.247 repartidos entre las ocho provincias (Sevilla es la primera en la lista con 223 niños) y de los que están en reformatorios, que son más de 700 en la comunidad. "Nos preocupa mucho que el 99% de las medidas de protección a menores aplicadas en los últimos diez años se ejecutan entre pobres y excluidos. Eso quiere decir que tenemos un sistema que sólo detecta la desprotección en los ambientes depauperados; aunque la realidad nos dice que el maltrato, las violaciones y los abusos se dan en todos los sectores de la sociedad", recoge el informe.

La Asociación Pro Derechos Humanos admite el gran paso que se dio en Andalucía con la aprobación de la ley de atención al menor de 1998, pero le propone algunos cambios a la Consejería de Asuntos Sociales. "No son admisibles algunas situaciones de desamparo que marca la ley que otorgan la misma gravedad a la inducción a la prostitución que a otras situaciones como ausencia de escolarización habitual e inducción a la mendicidad".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

"Es la Administración debía cuidar a las familias en situación de riesgo para evitar el desamparo. La Junta ha destinado recursos para los barrios pobres, pero no ha sido generosa con estas capas sociales", asegura Santiago.

El responsable de Marginación en la ONG denuncia que hace falta una mejor coordinación entre la Administración responsable de la tutela de los menores, la Consejería de Bienestar Social, y la Consejería de Justicia en la que se ven los casos de menores, para evitar que la dilación de la justicia cree situaciones que perjudiquen a los menores.

En este sentido, el informe cita como ejemplo el caso de Carmen Fernández, madre de Iván y Sara, a quien la justicia decidió que la Junta debía indemnizar con 1.400.000 euros por los diez años que había pasado sin sus hijos.

El informe apuesta por que la separación del niño de su familia biológica no se produzcan hasta que se hayan agotado todas los posibles recursos de mediación social, apadrinamiento o tutela. "Hay que evitar que el niño ingrese en un centro de protección y, si lo hace, se tratará de que el periodo sea lo más breve posible". "La propuesta de adopción debería hacerse sólo en los casos en los que la situación es irreversible como huérfanos, desentendimiento total por parte de la familia o violación de los derechos del niño", añade el estudio.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Margot Molina
Ha desarrollado su carrera en El PAÍS, la mayor parte en la redacción de Andalucía a la que llegó en 1988. Especializada en Cultura, se ha ocupado también de Educación, Sociedad, Viajes y Gastronomía. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otras, la guía de viajes 'Sevilla de cerca' de Lonely Planet.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_