Industria multa a Telemadrid con un millón de euros y ordena cerrar el segundo canal

El Ministerio de Industria ha reabierto su batalla contra las emisiones ilegales de Telemadrid. El departamento que dirige Joan Clos ha multado a la televisión autonómica de Madrid con un millón de euros por difundir en analógico, sin tener autorización para ello, la programación del segundo canal, que opera desde hace un año bajo la marca La Otra. Industria da un plazo de un mes para el cierre de la emisora. Además, decreta la incautación y precintado de los equipos. Para el PP, esta medida es "un ataque antidemocrático" y una acción "propia de Chávez o Castro".

Desde hace más de un año, Telemadrid emite su segundo canal sin la preceptiva autorización del Gobierno central. El ente público madrileño obtuvo en 2001 una licencia para emitir en digital. Pero la escasa implantación de esta tecnología llevó al equipo que dirige Manuel Soriano, director general de Telemadidad y ex jefe de prensa de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a utilizar el canal 40 (ocupado hasta entonces por una emisión pirata) para difundir la programación de La Otra.

Tras el expediente abierto hace un año, el Ministerio de Industria dictó una resolución el pasado día 12 en la que impone a Telemadrid dos sanciones de 500.000 euros cada una por emitir ilegalmente. La compañía pública podrá interponer un recurso de reposición ante el propio ministerio, según explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Con los votos de los miembros del PP y de IU y la oposición del PSOE, el Consejo de Administración del ente público regional consideró en la reunión del pasado jueves que esta sanción es "desproporcionada" y supone "un atentado al derecho constitucional de la libertad de información". Distinta es la opinión del portavoz socialista, Rafael García-Rico: "Telemadrid, o cualquier ente público, no puede actuar al margen ni contra la ley". La resolución del consejo subraya que Madrid tiene derecho a un segundo canal analógico, como ocurre en el País Vasco, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana y afirma que "no existe ni un solo precedente de cierre de un medio de comunicación por decisión administrativa en los últimos 35 años". Agrega que la clausura de La Otra ocasionaría "un grave daño económico" para la televisión autonómica.

En la misma línea se pronunció el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, según el cual los ciudadanos de Madrid están siendo discriminados. Dijo, además, que Clos pasará a la historia como "el ministro de la mordaza". La resolución del Gobierno está fechada tres días después de que el político catalán asumiera la cartera de Industria, Turismo y Comercio en sustitución de José Montilla.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid David Pérez calificó la orden de cierre de "ataque antidemocrático" y consideró que es una decisión "propia de Chávez o de Castro" [dirigentes de Venezuela y Cuba, respectivamente]. Tras denunciar el "acoso socialista a la libertad de expresión", agregó que al presidente Rodríguez Zapatero le corresponde el "dudoso honor de ser el primer presidente de la democracia que cierra un medio de comunicación".

Rápidamente, fue contestado por el secretario de Comunicación de los socialistas madrileños, Miguel Ángel Sacaluga, para quien Telemadrid ha acudido a "la insumisión y a la desobediencia", puesto que en la etapa de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón obtuvo una licencia sólo para emitir en digital.