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Reportaje:

La nacionalización boliviana se tambalea

El Gobierno reconoce su incapacidad técnica y financiera para sacar adelante el proyecto aprobado el pasado mayo

El reconocimiento por parte del Gobierno de Evo Morales de la incapacidad técnica y financiera del Estado boliviano para llevar adelante la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el pasado 1 de mayo, ha provocado una gran incertidumbre sobre la piedra angular en la que Morales ha fundamentado no sólo su llegada al poder por las urnas sino la "refundación de Bolivia", su gran proyecto político. Para analistas y empresas extranjeras afectadas por la nacionalización, una nueva sombra se añade sobre un proceso que ya de por sí presentaba notables imprecisiones.

Para algunos políticos, el problema tiene sus raíces en la falta de planificación del proceso y en la desorganización en YPFB

Cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde que Evo Morales anunciara la nacionalización de los hidrocarburos y enviara a los militares a ocupar temporalmente campos petrolíferos y las sedes de algunas compañías, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal encargada de gestionar técnica y económicamente el proceso ha paralizado su actividad "en toda la cadena productiva". Para el Gobierno boliviano se trata de un problema de financiación que es solucionable, al menos para salir del paso, con un préstamo de 180 millones de dólares que concedería a la entidad el Banco Central boliviano, pero tanto la ley como los estatutos del organismo prohíben este tipo de crédito.

Para algunos políticos bolivianos, el revés sufrido por el proyecto nacionalizador tiene sus raíces en la falta de planificación del proceso y en la desorganización en YPFB. "La empresa tiene una total desorganización interna", asegura Carlos Miranda, ex ministro de Hidrocarburos.

La situación de YPFB se encuentra en el ojo del huracán en el país precisamente porque ha sido la punta de lanza del Gobierno boliviano en la nacionalización. Una de las primeras medidas de Morales, nada más jurar como presidente el pasado enero, fue poner al frente de YPFB a Jorge Alvarado, quien sostuvo fuertes enfrentamientos con las petroleras que operan en el país, especialmente la brasileña Petrobras y la española Repsol -de la que YPFB es socio en Bolivia-, a la que acusó de contrabando de petróleo. El pasado mayo, Morales ordenó que el BBVA y la aseguradora Zurich, administradores de fondos de pensiones en Bolivia, traspasaran -sin indemnización de ningún tipo- a YPFB acciones valoradas en al menos 600 millones de dólares en las empresas objeto de la nacionalización. El objetivo era que la compañía estatal tuviera mayoría en el accionariado de las sociedades que se formen con empresas extranjeras -cuyas negociaciones, al menos en teoría, siguen en marcha-, especialmente con Repsol, Petrobras, British Petroleum y Shell.

Pero mientras en el plano político el Gobierno de Morales ha salido airoso -las empresas y Gobiernos afectados han aceptado las nuevas del juego, incluyendo una subida del 56% del precio del gas suministrado a Argentina-, sobre el terreno la cosa es muy diferente. A pesar de la llegada masiva al país de técnicos venezolanos para formar a especialistas bolivianos y eliminar la dependencia en este campo, fuentes consultadas en Bolivia señalan que el proceso avanza muy lentamente.

Gestión con problemas

Por lo que respecta a la gestión empresarial, también hay graves dificultades. El pasado 1 de agosto, el Ejecutivo suspendió la función de YPFB como receptor de los ingresos que recibe el Estado por la comercialización de los hidrocarburos y, pocos días después, Morales tuvo que respaldar públicamente a Alvarado después de que la Superintendencia de Hidrocarburos denunciara un contrato firmado por YPFB que presuntamente ha causado un perjuicio de 3,8 millones de dólares. El pasado miércoles la Superintendencia de Hidrocarburos ratificó sus acusaciones contra Alvarado, quien ha asegurado que todo se trata de "un error en la interpretación de la ley".

"Ahora lo que hay que ver es por cuál de las dos alternativas se decanta el Gobierno boliviano", señala un directivo de una compañía extranjera que opera en Bolivia. "Una posibilidad es que se imponga la línea dura que sostiene que YPFB no ha cumplido con su papel de controlar de cerca la extracción, procesado y comercialización de los hidrocarburos. Es decir, los que quieren una presencia total de YPFB. La otra es que se abra paso la tesis de que el proceso se está cayendo porque ha sido muy apresurado. Habrá que ver si Morales decide doblar la apuesta o no".

La tercera posibilidad es que el parón en el proceso beneficie a un tercer actor en el escenario: la venezolana estatal Petrosur, que está en disposición de otorgar tanto financiación como asistencia técnica. "Por ahora no se ve que Venezuela esté dispuesta a poner mucho dinero, algo que tampoco se ha apreciado salvo por anuncios en televisión y la presencia de técnicos", opina el mismo directivo, cuyas palabras vienen ratificadas por funcionarios bolivianos cuyas esperanzas no están puestas en Caracas, sino en Oslo. Según el superintendente de Hidrocarburos boliviano, Víctor Hugo Sainz, existe un programa de cooperación entre Bolivia y Noruega que incluye la revisión técnica de la Ley de Hidrocarburos y el diseño de negociación con las empresas extranjeras radicadas en Bolivia. Para ello llegó el pasado jueves a La Paz Erik Solheim, ministro de Desarrollo y Cooperación Internacional noruego. Sainz aseguró también que Noruega colaborará en la formación de técnicos bolivianos.

El reconocimiento de las dificultades bolivianas, algo que los principales afectados ya apuntaban desde que se emitió el decreto, ha dado paso a un baile de estrategias. En la madrugada del pasado miércoles (en la España peninsular) el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz Rada, uno de los principales impulsores de la nacionalización y enemigo declarado de las petroleras extranjeras, comparecía ante el Senado para denunciar que la brasileña Petrobras pretende eliminar el decreto de nacionalización y modificar la Ley de Hidrocarburos -el 82% de los ingresos es para el Estado, y el 18%, para las empresas- por considerarla "demasiado exigente". Soliz además acusó de "estafa" tanto a la compañía brasileña como a la española Repsol, y aseguró que Bolivia había dejado de percibir 161 millones de dólares por un contrato suscrito entre ambas empresas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de agosto de 2006