Caos en el aeropuerto de Barcelona
La Guardia Civil pidió a la torre de control del aeropuerto de El Prat, el pasado día 28, cuando empezaban los incidentes en el aeropuerto barcelonés, que parara de inmediato los vuelos que iban a salir del aeródromo ante el riesgo de que pudiera producirse "un accidente grave con alguno de los aviones que iban por la pista de rodadura para despegar". Esta petición derivó en el cierre total del tráfico aéreo sobre las 10.00.
Lo que debía ser una comparecencia parlamentaria de cinco consejeros de la Generalitat para dar cuenta de la actuación del Gobierno catalán en la crisis del aeropuerto del Prat derivó ayer en un reguero de críticas hacia la empresa pública AENA y a Iberia, a las que el consejero portavoz, el socialista Joaquim Nadal, cargó todas las culpas de lo acontecido. "Por acción o por omisión", dijo.
Los grupos políticos de las Cortes Valencianas intentarán consensuar hoy un dictamen conjunto de conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación creada tras el accidente de la línea 1 del metro de Valencia, que el pasado 3 de julio se saldó con 43 víctimas mortales. Difícil objetivo, a la vista de las propuestas de dictamen presentadas a última hora de la tarde de ayer por los diferentes grupos.
El acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la petrolera Repsol parece estar más cerca. El encuentro entre la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, en La Paz, capital administrativa del país andino, sirvió ayer para acabar de rebajar la tensión entre ambos políticos desde que el líder indígena decidiera en mayo nacionalizar los hidrocarburos.
La Jefatura Superior de Policía de Valencia tardó cuatro días en denunciar la desaparición, el jueves pasado, de más de 20 kilos de cocaína de un alijo de 427 kilos interceptado hace tres semanas en el puerto de la ciudad. La denuncia se presentó el pasado lunes. La droga requisada estaba en el interior de una furgoneta, en un patio interno y vigilado de la Jefatura Superior. Un juez investiga la implicación de policías nacionales en el robo.
La ley de memoria histórica -cuyo verdadero nombre es proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura- tendrá un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y más de 31.000 beneficiarios directos, según estima el informe económico remitido por el Gobierno al Congreso.
Serán verdaderas fábricas de agua potable, con capacidad para abastecer a 1,6 millones de personas de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, pero la mayor parte de los 150 hectómetros cúbicos anuales que producirán las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Bajo Almanzora servirán para regar las huertas de la Vega Baja de Alicante, las de Águilas y más de 12.000 hectáreas de la provincia de Almería.
