El dueño de la 'macrociudad' de Seseña logró el 44% del suelo días antes de su recalificación

El 25 de abril de 2003, Francisco Hernando, Paco el Pocero, culminó una operación muy rentable. En la notaría de Illescas compró dos tercios de Parque Tecnológico Toledo Norte, cuyo único activo era "una finca de secano" en "el Quiñón de 99 hectáreas, 40 áreas y 90 centiáreas". Ese terreno supone el 44% de los 1,8 millones de metros que 13 días después recalificó el Ayuntamiento de Seseña, entonces gobernado por el PSOE, para 13.508 viviendas. El Pocero compró sabiendo que el Supremo había concedido el derecho sobre la finca a Gonzalo González, que desde 1940 la cultivaba. Hernando ha abierto otra causa sobre si la tierra debe pasar a los herederos de González. Mientras, vende las casas.

Hernando explicó a EL PAÍS que tiene apalabrada la venta de unas 3.000 de las 13.508 viviendas que se levantarán en una zona pendiente de infraestructuras de abastecimiento de agua.

La finca del Quiñón, donde Hernando levanta su ciudad, tiene un amplio historial judicial. Gonzalo González la cultivaba desde 1940 y pagaba a un administrador 30.000 pesetas al año. La finca no daba para más. El secano de Toledo sólo admite algo de cereal. En 1991, González intentó ejercer su derecho de arrendatario histórico para comprar la finca, recogido en una ley de 1980 para los casos previos a 1942. Fue a los tribunales y el juzgado de Illescas falló en 1993 que González tenía "derecho a la adquisición de la finca". El juez ordenó que se fijase un precio, pero Enrique Lijardo, que tenía la finca a su nombre, recurrió. El 26 de abril de 1994, Lijardo vendió la finca a Promoción Comunidad de Pantoja SA, de tres socios, que siguió con el pleito.

En diciembre, la Audiencia Provincial de Toledo reiteró el derecho de Gonzalo González. Comunidad de Pantoja llevó el caso al Supremo. El 7 de diciembre de 1997, el Supremo le volvió a dar la razón a Gonzalo González. Éste, que entonces tenía 104 años y que falleció poco después, tenía derecho a comprar la finca por un precio tasado, según el máximo órgano judicial. Comenzó entonces otro litigio: cómo ejecutar la sentencia. Las partes se enfrascaron en peritajes para ver cuánto costaba; sobre si se pagaba conforme al precio de secano de los ochenta o sobre las perspectivas, según fuentes próximas al caso. Comunidad de Pantoja pasó a llamarse Parque Tecnológico Toledo Norte (PTTN).

Arruinado en Villaviciosa

En 2002, Francisco Hernando ya estaba en Seseña. Ya había comprado parte del Quiñón y en noviembre propuso al ayuntamiento urbanizarlo en un Plan de Actuación Urbanística (PAU) de 1,8 millones de metros cuadrados, de los cuales menos de la mitad eran suyos.

El 25 de abril, Hernando entró en la empresa PTTN. La escritura de compraventa señala que Hernando asume a Gonzalo González como arrendador de las tierras, detalla la existencia de todas las sentencias sobre la propiedad de la finca y que está pendiente de fijarse un precio para que el agricultor la compre. La escritura afirma que "el procedimiento sobre la finca se encuentra en periodo de ejecución de sentencia". Hernando, a través de tres sociedades, compró dos terceras partes de la empresa. El tercer socio no vendió hasta fecha muy reciente.

Hernando complementó la compra con el dinero que recibiría de la expropiación de la Radial 4. La autopista de peaje que une Madrid con Ocaña pasa por allí y la finca perdió 116.641 metros cuadrados. Un total de 796.331 metros cuadrados quedaban dentro del plan para la nueva ciudad que había presentado Hernando. El suelo que consiguió controlar ese día supone el 44% de la macrociudad.

El 8 de mayo de 2003, sólo 13 días después de cerrar la operación de adquisición de suelo, el Ayuntamiento de Seseña recalificó el terreno multiplicando varias veces su valor con los seis votos de PSOE. En el pleno, el entonces alcalde, el socialista José Luis Martín, ante las críticas sobre la aprobación del plan pese la falta de agua e infraestructuras, afirmó: "A las 9.00 estaba en Toledo y el consejero de Obras Públicas y el Delegado Provincial me han informado que se podía aprobar el PAU", según el acta de ese pleno.

El 25 de mayo, IU ganó las elecciones para gobernar en minoría. El alcalde, Manuel Fuentes, ha denunciado una trama corrupta para que a Hernando se le aprueben todos los trámites. PSOE y PP, que suman ocho ediles, por los cinco de IU, votan a favor de las propuestas del PAU.

Fuentes próximas al caso muestran su extrañeza por que Hernando comprase una finca rústica sobre la que, además, pesaba una sentencia del Supremo que obligaba a venderla. Pero tras la recalificación, Hernando siguió litigando contra los herederos de Gonzalo González. En junio de 2003 presentó en el juzgado un escrito para que el derecho de Gonzalo quedase anulado porque la finca ya no era rústica, sino urbana.

Ejecutar la sentencia

Así se abría un nuevo procedimiento sobre cómo ejecutar la sentencia del Supremo de 1997 que dio la razón al agricultor. El 15 de febrero de 2005, el juez de Illescas desestimó la pretensión de Hernando, que llevaba meses vendiendo casas. El juez afirmó que este proceso suponía un nuevo juicio sobre la propiedad de la tierra, algo ya juzgado.

Hernando recurrió a la Audiencia Provincial y argumentó que, como la finca ya no era de cultivo, González no podría cultivar durante seis años más (condición imprescindible para mantener la propiedad del suelo). En noviembre de 2005, la Audiencia Provincial cambió el criterio y dijo que como los herederos del agricultor no habían llegado a comprar la finca -nunca se fijó el precio- el contrato de arrendamiento seguía en vigor y por tanto no era de aplicación la ley de Arrendamientos Rústicos que daba la propiedad a González.

Lo que en 1997 era un derecho de Gonzalo, ya no lo era porque, durante ocho años, la Justicia no fue capaz de fijar el justiprecio. Y como la finca, ya en manos de Hernando, era urbanizable, el arrendatario de la finca durante 60 años no tenía derechos sobre ella. La sentencia obligaba a dejarla libre en seis meses con una indemnización equivalente a una cosecha. La vista para fijar la indemnización será en septiembre. La familia ha recurrido al Supremo para ver si, por segunda vez, le da la razón como antes hicieron cuatro sentencias. Cuando la justicia se pronuncie, la mayoría de las viviendas estarán construidas y vendidas.