La gestora de Marbella admite que Hipercor alegó, pero prevé mantener la multa de 14,6 millones

La comisión gestora de Marbella reconoció ayer que la sociedad mercantil Hipercor, SA, presentó el pasado 30 de junio alegaciones contra la sanción de 14,6 millones impuesta por ejecutar unas obras de ampliación en el centro comercial Costa Marbella sin contar con la licencia de obras necesaria. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, rectificó tras anunciar el pasado viernes que el grupo El Corte Inglés no había alegado contra la multa, pero avisó de que probablemente los servicios jurídicos municipales rechazarán las alegaciones, debido a que están basadas en un convenio urbanístico firmado por el ex alcalde Julián Muñoz y supeditado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "El propio documento de convenio explica que la ampliación carece de posibilidad de legalizarse al basarse en el nuevo PGOU, y el expediente concluirá con la sanción prevista", apuntó Duarte, quien aclaró que las alegaciones de la empresa "se traspapelaron" en las sedes municipales.

El expediente abierto por el equipo de disciplina urbanística de la gestora detalla que "el edificio comercial original ya agotaba la edificabilidad máxima permitida para el uso comercial". A pesar de ello, Hipercor propuso una ampliación del centro comercial en 2003, y el equipo de gobierno de la ex alcaldesa Marisol Yagüe condicionó la licencia de obras al proyecto de ejecución, que no fue presentado por la empresa. Posteriormente y tras un acta de inspección, los técnicos municipales verificaron el inicio de las obras, y en abril de 2005 se incoaron los expedientes de paralización, e incluso la alcaldesa decretó el precinto de las reformas, que como tantos otros, fue ignorado por la Policía Local.

"Las grandes empresas deben ponerse ahora al servicio del municipio de Marbella para devolver parte de la riqueza que han conseguido a costa de la legalidad, y que debemos conseguir que lo vean como una recuperación legítima. No hay que achantarse ante este tipo de demandas", añadió ayer Duarte, quien informó de que el centro comercial carece además de la licencia de actividad comercial necesaria.

El vocal aclaró que el expediente "de restauración de la legalidad" abierto a El Corte Inglés en la urbanización El Capricho tras realizar una parte de las obras sin licencia, podría concluir con una sanción de entre 200.000 y 500.000 euros. "Es impresionante que empresas tan sólidas hayan trabajado de manera tan precaria, y que sin ningún tipo de autorización mantenga los centros abiertos", dijo.

Además, la gestora ha informado a la Fiscalía sobre un presunto delito de desobediencia por parte de una constructora de José Ávila Rojas, empresario granadino imputado de cohecho en la operación Malaya. Los operarios de la constructora rompieron por dos veces el precinto impuesto por la gestora en una promoción de 84 apartamentos en el núcleo de Nueva Andalucía, debido a que incumplía la normativa urbanística.