La aplicación de la Ley de Desarrollo Rural exige un estudio territorial para definir las necesidades de cada una de las zonas afectadas. Para los responsables del Ministerio de Agricultura, el texto no se puede ceñir solamente a buscar salidas a los problemas agrícolas o ganaderos, sino que debe abordar en su conjunto el problema de aquellas zonas donde la actividad agraria es el eje de la economía.

El director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, considera en este sentido que el texto debe abordar cuestiones como las infraestructuras, la educación, la sanidad, la movilidad, la vivienda o la propia seguridad del medio rural.

Para ello es necesario que la ley cuente con la participación del resto de ministerios implicados, de los Gobiernos autonómicos y de los agentes sociales y las organizaciones del sector, para lo cual se constituirá un órgano conjunto.

Un instrumento importante en el desarrollo de la nueva política rural del Gobierno será la implantación del contrato de explotación. Por este contrato, el agricultor o ganadero percibirá algunas ayudas complementarias para seguir con su actividad y no abandonar el campo.

El Ministerio de Agricultura quiere que este sistema suponga una mayor protección para determinados colectivos, y muy especialmente para las mujeres y los jóvenes agricultores.

La Administración estima que en la política de ayudas futuras, los principales beneficiarios deben ser los agricultores y ganaderos profesionales que contribuyen a mantener la vida en el medio rural.

De acuerdo con el calendario previsto, la nueva ley no entrará en vigor hasta la próxima legislatura, pues en otoño será negociada con el sector y, una vez aprobada por el Gobierno, será enviada al Parlamento.