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El proceso de diálogo para el fin del terrorismo

El PP concedió terceros grados y acercó a presos de ETA mientras seguían los asesinatos y secuestros

El Gobierno de José María Aznar aplicó una política penitenciaria entre 1996 y 2000, periodo en el que ETA declaró una tregua de 13 meses (de septiembre de 1998 a noviembre de 1999), favorable a los presos etarras. El PP no puso ninguna condición para hablar con ETA, ni hubo verificación de que el alto el fuego era real. Durante la tregua, continuó en Euskadi la violencia terrorista callejera y la extorsión a empresarios.

Lo que sigue es el recuento de las decisiones que en materia de política antiterrorista se adoptaron en España entre 1996 y 2000. Desde los primeros meses del nuevo Gobierno del PP, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, practicó una política de medidas favorables a determinados presos de ETA, pese a que la banda terrorista continuaba con su actividad criminal de secuestros y asesinatos.

- 1996. Acercamiento de 33 presos con Ortega Lara secuestrado. El 28 de junio de 1996, Mayor Oreja se desplazó a Vitoria para explicar en una conferencia de prensa que había decidido el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Con esa decisión, el recién llegado Gobierno del PP rompía una política penitenciaria de dispersión de presos de ETA y alejamiento de los mismos de Euskadi que se aplicaba desde 1989, tras el fracaso de las negociaciones de Argel entre el Ejecutivo del PSOE y la cúpula terrorista.

El anuncio de Mayor Oreja de acercamiento de presos etarras coincidió con una tregua de siete días anunciada esa misma semana por ETA, aunque el funcionario de prisiones Ortega Lara seguía secuestrado. El ministro del Interior desvinculó la medida de acercamiento de 33 presos etarras de la situación de Ortega Lara, y justificó su decisión basándose en una petición en ese sentido del Parlamento vasco. De hecho, el entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, José Antonio Rubalkaba, para abordar el plan de acercamiento de presos.

Más de la mitad de los reclusos de ETA que fueron acercados a Euskadi tenían en su historial delitos de sangre. Cuatro de ellos habían sido condenados por asesinato y sumaban penas de más de 150 años. Mayor Oreja explicó que para su acercamiento habían tenido en cuenta la conducta y evolución penitenciaria de los presos, el tiempo que habían cumplido de condena y su participación en actividades de rehabilitación.

Estas medidas se tomaron en un periodo en el que ETA mantuvo secuestrado a Ortega Lara. Sólo unos meses antes del acercamiento, ETA había asesinado a Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ramón Doral y Miguel Ángel Ayllón.

Mayor Oreja declaró el 29 de junio: "Lo importante es que la política de todos tenga credibilidad, que la sociedad siga teniendo confianza, y que no se haga porque haya atentados o deje de haber atentados, y que seamos conscientes de que lo importante es ir recreando un ambiente sólido, un ambiente de fortaleza, de confianza en nosotros mismos, que asumamos sin miedo cualquier escenario de futuro". Los jueces de vigilancia penitenciaria concedieron 13 terceros grados (sólo tenían obligación de acudir a la cárcel a dormir) a presos de ETA y el Gobierno del PP, a través de la Administración penitenciaria, permitió la libertad de otro preso más. Herri Batasuna agradeció todos estos gestos: "El hecho de que el Gobierno vaya dando marcha atrás en la política de alejar presos nos parece algo positivo y estamos convencidos, además, de que es fruto de la lucha de este pueblo", declaró el portavoz independentista, Floren Aoiz.

Ya para entonces, el Gobierno del PP estaba considerando acercar a la Península a los etarras más sanguinarios y con más muertos a sus espaldas, que estaban presos en Canarias, si ETA prolongaba su tregua de una semana. Pero los terroristas siguieron con sus atentados y la idea quedó aplazada.

- 1997: 26 traslados y 16 en tercer grado. En 1997, ETA mató a 13 personas, entre ellas el concejal del PP Miguel Ángel Blanco. El Gobierno acercó a 26 presos etarras y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió siete terceros grados a otros tantos reclusos de ETA.

El Ministerio del Interior comunicó que los traslados obedecían a la evolución de cada interno, "puesta de manifiesto en el rechazo a los postulados de la banda terrorista y el abandono de los planteamientos que los llevara a delinquir". Entre los beneficiados por los terceros grados concedidos en 1997 se encontraban dos etarras presos por delitos de sangre que condenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Esta decisión se ha adoptado tras constatar la evolución positiva de los reclusos, su abandono de los planteamientos que los llevaron a delinquir y el rechazo a los postulados y estrategias de la organización terrorista ETA. Estos elementos son fundamentales en este tipo de delitos para que el recluso vuelva a la sociedad con capacidad y voluntad de respetar la Ley penal, tal como señala la legislación penitenciaria", explicó Interior. La Asociación de Víctimas del Terrorismo criticó la medida por "el daño moral que se les ocasiona a las víctimas directas de los terroristas" favorecidos. No hubo manifestaciones. El PSOE apoyó al Gobierno.

- 1998, tregua de ETA. 26 traslados. En 1998, ETA mató a seis personas, entre ellas al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y a su esposa. En septiembre declaró una tregua que no incluía ni la violencia terrorista callejera ni la extorsión a empresarios. El Gobierno del PP acercó a 26 presos y concedió cuatro terceros grados a otros tantos reclusos. Entre los acercamientos se encontraban los etarras más sanguinarios, como Domingo Troitiño, que participó en la matanza de Hipercor. Muchos de los trasladados tenían asesinatos a sus espaldas y cientos de años de condena. "Hemos dicho que si se consolida esta situación [de tregua], el Gobierno aplicará una política flexible, dinámica y más profunda", declaró Jaime Mayor Oreja.

- 1999: 105 traslados y nueve terceros grados con múltiples actos de 'kale borroka'. El año de la tregua, el Gobierno del PP trasladó a 105 presos mientras se seguían produciendo actos de violencia terrorista callejera y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias favoreció el paso a tercer grado de otros nueve reclusos. El Ejecutivo basó esta política, que anunció en septiembre de 1999, como una reactivación del proceso de paz, pese a que continuaba la extorsión a empresarios y la kale borroka, en una resolución parlamentaria aprobada unos meses antes en el Congreso por unanimidad, donde se establecía la necesidad de una política penitenciaria flexible.

El primer y único contacto con ETA se desarrolla en la primavera de 1999. Los etarras levantan acta de esta reunión, donde no se logra ningún avance. El PP ha mantenido hasta ahora que tras comprobar las intenciones de ETA, decidieron no continuar con las conversaciones. Sin embargo, hay algunas declaraciones del Gobierno popular donde aventuraba nuevos contactos y medidas penitenciarias favorables a los presos en agosto de 1999, apenas tres meses antes de que ETA diera por finalizada la tregua y algunos meses después del primer contacto. Entre esas medidas, el Gobierno del PP anunció la posibilidad de conceder la libertad condicional a una decena de presos que habían cumplido las tres cuartas partes de la condena.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de junio de 2006