El proceso para el fin de la violencia etarra
El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó detener ayer a dos empresarios navarros que supuestamente habían pagado este año la extorsión del impuesto revolucionario de ETA. Los nombres de los dos empresarios, socios en una empresa de construcción, supuestamente figuraban en el único recibo hallado en la operación desencadenada el martes pasado contra el entramado financiero de ETA, en el que fueron detenidas 12 personas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que "no ha habido ni hay ningún compromiso con ETA" por parte del Ejecutivo. Fue una respuesta tajante a la pregunta que distintos líderes del PP han hecho al Gobierno desde que, el miércoles pasado, un comunicado de ETA dijera que "las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de alto el fuego, garantizando el cese total de la represión".
El juez Fernando Grande-Marlaska prohibió ayer una conferencia que el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, tenía previsto pronunciar el próximo día 26 en el el foro jurídico Tribuna de Barcelona, que organiza El Periódico de Catalunya en el hotel Palace de Barcelona. Tras recibir el informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, el juez pidió opinión al fiscal sobre ese asunto pero no esperó a su respuesta.
"Vísteme despacio que tengo prisa". Con esta napoleónica disculpa justificó ayer el portavoz de los obispos la decisión de la Conferencia Episcopal de retrasar sine die la publicación de un documento doctrinal sobre la difícil situación por la que, según ellos, atraviesa España. El 20% de los prelados votó en contra o se abstuvo. La instrucción pastoral ilustrará también sobre si en el debate sobre la unidad nacional hay "implicaciones morales".
La junta general de fiscales de Madrid acordó ayer exigir "el máximo rigor" a la policía en la elaboración de los atestados y en sus actuaciones. Encabezada por el fiscal jefe, Manuel Moix, la junta se reunió en el salón de actos de los juzgados de la plaza de Castilla para analizar la polémica suscitada tras la puesta en libertad de cinco supuestos atracadores de una entidad bancaria de Madrid.
Las lanchas rápidas estaban preparadas para llevar la droga a tierra desde el barco nodriza. El cargamento de 3.500 kilos de cocaína, abordado a 1.000 kilómetros de la costa el día 21 y que llegó ayer al puerto de Cádiz, pudo ser embarcado en alta mar, en el Caribe, concretamente en el archipiélago de San Andrés. "Una operación típica de las organizaciones gallegas", según los responsables de la investigación.
El juez que investiga la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica ha propuesto a la fiscalía dictar una orden de busca y captura contra José Herrero García, uno de los dos empresarios que en unas grabaciones aportadas a la causa por dos diputados autonómicos socialistas relacionan a Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, con el cobro ilegal de comisiones durante la construcción del parque temático de Benidorm.
El escrutinio del voto emitido desde el extranjero en el referéndum del Estatuto, en el que se impuso el sí pero con baja asistencia a las urnas, ha hecho descender la media de participación al 48,85%. Los partidos que promovieron el sí en el referéndum sobre la reforma estatutaria -PSC, CiU e ICV- salieron ayer en defensa del presidente de la Generaliat, Pasqual Maragall.