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La Junta extiende los beneficios de los permisos de paternidad a los funcionarios homosexuales

El derecho se aplicará para casos de nacimiento, adopción o acogida

La Junta de Andalucía extenderá a las parejas del mismo sexo que trabajen para la administración pública los permisos de paternidad. Este derecho, individual y no transferible, se aplicará en casos de nacimiento, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente. Ésta es una de las medidas contenidas en el anteproyecto de ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, cuyo trámite comenzó ayer el Consejo de Gobierno, según informó la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Navarro explicó que aunque la ley estatal regula el permiso de paternidad, la Junta, en desarrollo de sus competencias, ha establecido un permiso adicional en el ámbito de los empleados públicos de la administración autonómica. Apuntó que la principal novedad respecto a la legislación estatal consiste en que este permiso parental se extenderá también en Andalucía a los progenitores, adoptantes o acogedores del mismo sexo que su pareja. Las condiciones y el tiempo de dicho permiso se negociarán con los interlocutores sociales.

El texto recoge como principios la conciliación de la vida personal y laboral, el desarrollo de acciones de discriminación positiva en favor de la mujer, la representación equilibrada de ambos sexos entre los altos cargos de la Administración autonómica y la promoción de un lenguaje y una imagen pública no sexista.

En el terreno educativo, el anteproyecto incluye previsiones para promover la coordinación entre horarios laborales y docentes; crear servicios de inspección para velar por el cumplimiento de los valores de igualdad, implantar asignaturas específicas, y promover la eliminación de prejuicios sobre la realidad de las mujeres.

En cuanto al empleo, el texto plantea como objetivo principal aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo a través de una especial atención a colectivos de mujeres en los que confluyen varias causas de discriminación (personas con discapacidad, víctimas de violencia, mayores de 45 años). Además, se establece la creación de un servicio especializado dependiente de la Junta para respaldar y asesorar a las mujeres en actividades emprendedoras y en la constitución de empresas.

De acuerdo con el anteproyecto de ley, la Junta promoverá, a través de la negociación colectiva en la Administración y en las empresas públicas, la elaboración de planes de igualdad de oportunidades y la implantación de jornadas parciales y medidas de flexibilidad horaria para conciliar vida laboral y familiar.

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Respecto a las empresas privadas, la futura ley propiciará la concesión de incentivos para cumplir con estos objetivos y para favorecer la dotación de guarderías y otros servicios sociales en los centros de trabajo.

En todos los centros directivos dependientes de la Junta, la representación de ambos sexos entre las personas que ocupan altos cargos deberá ser de al menos el 40%.

Otras previsiones recogidas en el terreno social son las relativas a la prioridad de acceso a viviendas protegidas para mujeres en riesgo de exclusión social.

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