"Nos han elegido para poner orden, no para chalanear"
Ha rehusado la vara de mando porque alcaldes "sólo son los que eligen los ciudadanos". Al abogado Diego Martín Reyes, de 53 años, lo ha nombrado la gestora de Marbella con la "complicada pero apasionante" misión de devolver el Ayuntamiento a la normalidad jurídica y democrática.
Pregunta. ¿Qué espera encontrar en el Ayuntamiento?
Respuesta. Es una incógnita, pero estoy preparado para lo peor, seguro que quedan muchas cosas por descubrir. Vengo dispuesto a colaborar con la justicia, en el Ayuntamiento hay que abrir las puertas y las ventanas, eso está garantizado, si no, no duro ni un minuto.
P. ¿Qué prioridades tiene?
R. La primera de todas es asegurar los servicios básicos a los que tienen derecho los ciudadanos, hay que hacer lo posible y lo imposible para que se presten en las mejores condiciones posibles, que seguramente no serán las óptimas. En segundo lugar, hay que hacer un diagnóstico de la situación jurídica, financiera, del personal que trabaja en el Ayuntamiento, y de las empresas públicas. Conocer la realidad imprescindible para aplicar luego un tratamiento. Probablemente tendremos que revisar de oficio muchos actos de la Administración que son perjudiciales para los intereses públicos.
"La prioridad es garantizar los servicios básicos en las mejores condiciones posibles"
P. ¿Esa revisión de oficio incluye las licencias de obras impugnadas en los tribunales?
R. No le quepa la menor duda, y las llevaremos hasta el final. Comprendo el problema que supone para las personas que han comprado viviendas y que ahora se encuentran con que son ilegales. Es un problema humano de una importancia extraordinaria y el derecho tiene que arbitrar soluciones dentro de la ley para ellos, pero no se puede consentir la ilegalidad. El promotor no puede al final salir beneficiado de un hecho ilícito, como tampoco el Ayuntamiento cuando transgrede la legalidad. No va a haber permisividad, se buscarán soluciones, habrá que promover las acciones urbanísticas necesarias para restablecer la legalidad y habrá que exigir responsabilidades a todo el que las tenga, desde el concejal, el funcionario si ha participado y naturalmente constructores y promotores. No quiero ser el ogro de nadie, pero nos han elegido precisamente para poner orden, no para chalanear.
P. El juez ha hallado indicios de cohecho en la adjudicación de servicios municipales como la grúa o los autobuses. ¿También se revisarán?
R. Evidentemente, todo lo que sea una contratación administrativa, de cualquier tipo, obras, servicios, suministros, contratos especiales de asesoramiento técnico o servicios públicos otorgados a terceros. La contratación administrativa tiene un procedimiento y si no se ha cumplido conforme a le ley dice y los defectos son de suficiente entidad como para poder declarar su nulidad, naturalmente que así lo plantearé a la comisión gestora.
P. ¿La situación requiere ayudas de otras Administraciones?
R. La situación es tan excepcional que estoy convencido de que se requieren medidas especiales y estoy convencido de que existe la mejor voluntad para darlas. Yo voy a pedirlo así, aunque tenga que ir a ver al señor Zapatero a La Moncloa.
P. ¿Seguirá en su puesto el jefe de la Policía Local imputado, ahora de baja?
R. Cuando un funcionario se ve inmerso en un proceso judicial por un presunto delito con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas, está cometiendo la falta disciplinaria más grave que puede cometer un funcionario. Si esto se confirma, lo primero que hay que hacer es apartarlo del servicio, sin perjuicio de la resolución judicial definitiva que corresponda. Eso es extensible para cualquier otro funcionario en las mismas circunstancias.
