El Gobierno reclama a Godella los informes desfavorables del PAI de la Lloma dels Frares

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana reclama al Ayuntamiento de Godella documentos e informes -al menos tres de ellos desfavorables- sobre la aprobación provisional del PAI de la Lloma dels Frares el pasado 26 de enero -cinco días antes de la entrada en vigor de la LUV-. El requerimiento del Gobierno central se produce tras la denuncia del grupo socialista en Godella. Los tribunales han aceptado, por otro lado, un recurso contencioso, presentado por los socialistas de Catarroja, contra la aprobación parcial del PAI Nou Mil·leni.

El PAI de la Lloma dels Frares se presentó en junio de 2004 al Ayuntamiento de Godella, que preside la popular María Rosa Roca, a iniciativa de una agrupación de interés urbanístico formada por propietarios particulares y por el grupo del empresario Francisco Roig. Sobre una porción de suelo urbanizable de 121.000 metros cuadrados de Godella se habían proyectado unas 535 viviendas, un centro comercial de 6.000 metros cuadrados y dotaciones deportivas. El proyecto recibió 52.000 alegaciones que no han sido respondidas.

El pasado 26 de enero fue aprobado de forma parcial gracias a la mayoría absoluta del PP en Godella y con los votos en contra del PSPV, EU-L'Entesa y el Bloc. El portavoz del grupo socialista de Godella, Salvador Soler, denunció el caso ante la Delegación del Gobierno y la Generalitat, al considerar que el PAI se aprobó a pesar de los informes desfavorables de la Oficina Técnica Municipal, de la Secretaría General del Ayuntamiento y de la Consejería de Infraestructuras.

Además, faltaban los informes sobre carreteras de la Diputación de Valencia, de la Confederación Hidrográfica del Júcar o sobre la posible afección del PAI a unas instalaciones del Ministerio de Defensa. Soler denuncia que la alcaldesa ha concedido, vía resolución, una prórroga de dos meses a Roig, "dándole cobertura legal" para completar la documentación que se comprometió a aportar si el PAI se aprobaba.

Vista la denuncia, la Delegación del Gobierno ha reclamado al Consistorio tanto los informes desfavorables como los no realizados con el propósito de comprobar si se han respetado la legalidad. Según Soler, si no se han cumplido los trámites, el Estado puede pedir la anulación de la aprobación del proyecto e incluso acudir al contencioso-administrativo. La Dirección General de Administración Local de la Generalitat ha pedido a la Corporación un informe jurídico de los hechos.

La alcaldesa María José Roca reconoció ayer que este PAI tiene una situación geográfica comprometida, pues afecta a varias administraciones, si bien aseguró que los defectos de forma son de carácter administrativo y por tanto "subsanables". "Además, la última palabra la tiene la Comisión de Urbanismo", agregó.

Por otro lado, los tribunales han aceptado el recurso contencioso presentado a principios de marzo por el grupo socialista de Catarroja contra la aprobación provisional del PAI Nou Mil·leni, que prevé la reclasificación de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico y 12.000 viviendas.

Según Wilson Ferrús, concejal socialista de Catarroja, el recurso se basa en el modo en que se convocó el pleno extraordinario donde se aprobó y adjudicó el PAI, en la imposibilidad de algunos vecinos para acceder al pleno y en los posibles defectos de forma de la sociedad mixta formada por Llanera y el IVVSA, adjudicataria del PAI, de acuerdo con los informes del Síndic de Greuges y del jurista José María Baño.