Absuelto por prescripción el primer etarra juzgado tras el alto el fuego
El primer etarra juzgado en la Audiencia Nacional tras el anuncio de la banda terrorista de un alto el fuego permanente fue absuelto ayer tras apreciar el tribunal que el delito había prescrito.
Carmelo Lauzirika, Itxina, presunto integrante del comando Donosti de ETA, estaba acusado en este caso de un delito de amenazas terroristas por el que el fiscal solicitaba para él un año y nueve meses de prisión. Según el fiscal, el 5 de enero de 1999 remitió un sobre con varias postales manuscritas amenazantes a la concejal del Partido Popular en Llodio (Álava) Rosa María Torres a la que culpaba de la dispersión de los presos de la banda.
Sin embargo, nada más iniciarse la vista, su abogado defensor, Alfonso Zenón, afirmó: "Quiero expresar el deseo de que en esta nueva etapa estemos verdaderamente ante el principio del final, el deseo de que éste sea el primero de los últimos juicios que se siguen en este tribunal contra militantes vascos". Acto seguido señaló que la carta remitida a la concejal popular había sido enviada en 1999, que su cliente fue detenido en marzo de 2005 y que la acusación contra él por ese hecho no se realizó hasta agosto de ese mismo año, por lo que habían pasado más de seis. El plazo de prescripción, al tratarse de un delito menos grave, es de cinco años, por lo que el etarra debería ser absuelto.
El fiscal, Luis Barroso, dio la razón al defensor, por lo que el tribunal, presidido por Fernando Bermúdez de la Fuente, accedió a la absolución del presunto etarra.
Lauzirika se encuentra en prisión acusado de otros delitos relacionados con los comandos Ina y Donosti.
Parot recurre
El jefe del comando Argala o itinerante de ETA, Henri Parot, Unai, condenado a 4.797 años de prisión por 26 asesinatos consumados y más de 100 frustrados, presentó ayer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que acordó acumular todas sus condenas en una sola pena de 30 años, pero con la peculiaridad de que los beneficios penitenciarios que a los que tiene derecho le fueran aplicados de forma sucesiva a las penas más graves, y no a la acumulada.
La nueva doctrina sentada por el Supremo supone un cambio radical, pues terroristas con miles de años de cárcel de condena que podían salir tras 18 ó 19 años de cárcel ahora tendrán que cumplir 30 años íntegros. El etarra aspira a que el Constitucional anule el fallo del Supremo y pueda quedar libre en 2011.
