La caída del jefe de 'los indomables'

Eduardo Fungairiño ha sido durante 25 años el ejemplo de los fiscales duros contra el terrorismo, tanto el de ETA como el de los GRAPO, y en los últimos años, contra el terrorismo islámico, personalizado en Al Qaeda. Tiene una memoria privilegiada en la que almacena los nombres, alias, y datos significativos de todos los terroristas que tienen o han tenido causas abiertas en la Audiencia Nacional. "Es un archivo andante", dice un policía que lleva años trabajando con él.

Su carrera profesional se ha gestado en la Audiencia Nacional. Primero como fiscal, donde llegó el 14 de febrero de 1980; luego como teniente fiscal, cargo para el que fue nombrado el 1 de junio de 1988, y finalmente, como fiscal jefe, puesto al que accedió el 30 de mayo de 1997 y en medio de una gran polémica.

Los desencuentros con el fiscal general han sido constantes desde su nombramiento

Fungairiño había sido expedientado tras ser el instigador de la denominada rebelión de los indomables, cuando cinco fiscales de la Audiencia Nacional se sublevaron contra el entonces fiscal jefe, José Aranda, después de que éste presentase la querella contra Mario Conde por el caso Banesto. El asunto costó el puesto a Aranda y expedientes a los sublevados. Sin embargo, el expediente disciplinario de Fungairiño no fue por encabezar la rebelión contra su jefe, sino por ocultar pruebas en el sumario sobre el atentado de ETA en 1995 contra José María Aznar, entonces líder de la oposición, lo que fue considerado una falta muy grave. La fiscal María Dolores Márquez de Prado, con el respaldo de Fungairiño, que era entonces el teniente fiscal, había ocultado una prueba pericial que exculpaba al etarra Mikel Azurmendi, Hankas, y no la había aportado al sumario correspondiente. Sobre ese extremo, explicó: "Dependiendo del resultado, se aporta al procedimiento, en el entendimiento de que, si no es favorable o no es de utilidad a la acusación, no se hace llegar al juzgado".

A pesar del expediente, su propuesta de nombramiento fue llevada al Consejo Fiscal hasta en tres ocasiones por el entonces fiscal general Jesús Cardenal. En las tres, obtuvo cero votos. Pero Cardenal, a espaldas del Consejo, propuso su nombramiento al Gobierno del PP. No obstante, el propio Cardenal tuvo que ejercer de padrino de Fungairiño, puesto que ningún fiscal del Supremo quiso hacerlo. La Junta de Fiscales de Sala recurrió el nombramiento y lo calificó de "ilegal" y ninguno de sus integrantes acudió a la toma de posesión de su nuevo compañero.

Fungairiño, que en la actualidad tiene 59 años, ha estado marcado por experiencias trágicas. Un accidente de tráfico le dejó parapléjico el día que había aprobado la asignatura de Derecho Civil, que impartía Federico de Castro y que era uno de los huesos de la carrera de Derecho. Se sobrepuso y acabó la carrera en el Hospital de Toledo. En 1972 ingresó en la escuela judicial como fiscal en prácticas y en 1973 fue nombrado abogado fiscal en Barcelona. En 1980, llegó a la Audiencia Nacional y pronto destacó en la lucha contra el terrorismo. Era un halcón.

El 12 de septiembre de 1989 ETA asesinó en Madrid a su compañera Carmen Tagle, con la que estaba muy unido y que era otra de los fiscales duros contra el terrorismo. Los etarras le han puesto en su punto de mira en numerosas ocasiones. Rara es la vez que Fungairiño no figura entre los objetivos de los terroristas. Y en alguna ocasión lo han intentado, como en febrero de 1990, cuando le enviaron un artefacto explosivo, que pudo ser desactivado.

Fungairiño fue el fiscal del caso del síndrome tóxico, el mayor envenenamiento masivo de la historia de España.

En los últimos tiempos, sus desencuentros con el fiscal del Estado han sido sonados. En la comisión del 11-M dijo que no se había enterado de una serie de datos del sumario, porque "por higiene mental" sólo veía "documentales de la BBC". El fiscal le reprendió. Fungairiño se opuso a que los delitos de genocidio en Argentina fueran juzgados en España. El fiscal le obligó a rectificar. Tampoco quiso que se investigase el caso del Yak en la Audiencia. Igualmente tuvo que rectificar, como también fue obligado a recular cuando denunció a Garzón, con el que mantiene pésimas relaciones por su postura en el caso Sogecable.