Simancas propone que la Comunidad cree la figura del Defensor del Discapacitado
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, propuso ayer la creación de un Defensor del Discapacitado y la puesta en marcha en el Parlamento autonómico de una comisión permanente que promueva la elaboración de un "plan de atención integral" para este colectivo, formado en la región por más de 200.000 personas. Simancas, que realizó estas propuestas durante una visita a la sede de la Fundación APANID, que atiende en Getafe a cerca de 1.200 personas que sufren minusvalías intelectuales, destacó que la figura del Defensor del Discapacitado "ya existe en otras comunidades autónomas" y añadió que éste dependería del Parlamento regional, al igual que el Defensor del Menor.
De la misma forma, anunció que su grupo pedirá en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea, que comenzará en febrero, la creación de una comisión permanente que se dedique a "desarrollar iniciativas de atención a las personas con discapacidad", así como la elaboración de un plan de atención integral que "ayude a derribar barreras como en el ámbito educativo".
En este contexto, el jefe de la oposición en el Parlamento regional pidió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "más sensibilidad" hacia el colectivo de los discapacitados, y advirtió de que "el grado de desarrollo y de bienestar de una sociedad no se mide en función del crecimiento del PIB, sino en función de cómo se trata a los colectivos humanos más vulnerables".
Durante su visita a la sede de APANID, Simancas destacó que el Ayuntamiento de Getafe, del PSOE, ha llegado a un acuerdo con esta fundación para cederle más de 10.000 metros cuadrados de suelo para que pueda desarrollar nuevos proyectos, mientras que el Gobierno regional, del PP, "no aportará ni un solo euro" al mismo.
"Las competencias sobre bienestar social las tiene el Gobierno regional, pero las ejecutan y las financian los ayuntamientos de la región", destacó. A su juicio, los discapacitados madrileños "sufren problemas de limitación y están discriminadas de facto para ejercer derechos básicos como el de la educación", como demuestra el hecho de que, según los datos manejados por los socialistas, el 64% de este colectivo "no desarrolla una actividad educativa acorde con sus capacidades".
