La Generalitat acusa al Gobierno central de no aplicar una norma europea

Toda la culpa la tiene el Ejecutivo central, que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esa es la tesis que sostiene el Consell de la Generalitat valenciana en torno a la resolución dictada por la Comisión Europea que le obliga a modificar la legislación urbanística que tantos problemas ha causado en los últimos años. El consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco, explicó ayer que el "ultimátum" para adaptar la ley urbanística valenciana "lo está haciendo Europa hacia el Gobierno de España y no hacia el Gobierno de la Generalitat", de manera que, en su opinión, ahora "quien tiene que darse prisa en modificar lo que pide Europa" es el Ejecutivo central.

Según Blasco, la Comisión Europea ha dado un ultimátum al Gobierno español porque no ha transpuesto a la legislación española la directiva 2004/18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Según el consejero valenciano, el Gobierno central dispone hasta el 31 de enero de 2006 para aplicar esta directiva que, según él, sustituye a la 92/50 y la 93/39. El dictamen aprobado el miércoles por la Comisión Europea hace referencia a esas dos disposiciones y a una de 2004 que las modifica y aún no ha sido trasladada a la legislación española. Pero precisa que la que vulnera esas directivas es la ley valenciana, tanto la vigente como la nueva.

Recomendaciones

"El contencioso no está entre Europa y la Generalitat Valenciana, puesto que nosotros hemos incorporado las recomendaciones que se nos hacían, sino entre Europa y su interlocutor natural, que es el Gobierno de la nación, que no ha introducido las modificaciones lógicas, sobre todo en temas relacionados con la contratación pública", dijo Blasco. El consejero añadió que la nueva Ley Urbanística Valenciana, que será aprobada la próxima semana para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, -que está en el origen de todo el conflicto- incorpora todas las propuestas y sugerencias europeas, "excepto las que hacen referencia a la contratación pública", que, según Blasco, "son competencia del Estado".

El secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, acusó a Rafael Blasco de "mentir" cuando echa la culpa al Gobierno central de algo "de lo que tan sólo él es responsable". Según el dirigente socialista valenciano, el requerimiento de la Comisión Europea "es al proyecto de la LUV y no a la legislación española ni a la de otras comunidades autónomas".