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martes, 13 de diciembre de 2005

La Eurocámara debate una moratoria urbanística en el litoral valenciano

El PP europeo intenta suavizar el informe de los eurodiputados sobre desmanes en la costa

Los populares europeos trataron ayer de evitar que el Informe Fourtou, elaborado por el Parlamento Europeo, pida una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana, después de que cerca de 15.000 ciudadanos elevaran sus quejas a la Eurocámara. Entre las cuatro enmiendas que los populares presentaron al texto que debe votar hoy en Estrasburgo el Parlamento Europeo, figura la modificación del apartado 11 del informe, que "insiste con urgencia en la necesidad de una moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en suelo no urbanizable".

De aprobarse, el dictamen del Parlamento Europeo, a pesar de no ser vinculante, supondría una clara llamada de atención a la política de urbanización desenfrenada en el litoral español. Los afectados, en su mayoría propietarios de fincas y chalés, alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuotas de urbanización, y en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de las empresas urbanizadoras.

Estos peticionarios, muchos de ellos extranjeros, argumentan que estos supuestos abusos han sido posibles gracias a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994 por el entonces Gobierno socialista, aplicada con gran contundencia desde 1995 por los Gobiernos del PP y que se prevé sea reemplazada en febrero o marzo por el proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), ahora en tramitación. De ese proyecto legislativo ha dicho el comisario europeo de Mercado Interior, el irlandés Charles McCreevy, que "parece que no va a corregir" algunos de los problemas.

El informe del Parlamento Europeo establece una serie de recomendaciones. El conocido como Informe Fourtou, aprobado el pasado noviembre en Bruselas por la Comisión de Peticiones, es contundente. Considera que los métodos de expropiación han sido "en algunos casos leoninos", con tasaciones "a juicio de los interesados excesivamente bajas, para proceder ulteriormente a su reventa a elevados precios de mercado". Según el informe, los procedimientos de adjudicación de contratos "no se ajustan al derecho comunitario". Además, el texto indica que algunos planes de urbanización "parecen tener un impacto desastroso en el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras", y cita en concreto el impacto en el abastecimiento de agua "una cuestión que preocupa a la UE".

El documento pide también, que la nueva legislación defina claramente "el interés público" para evitar expropiaciones por motivos meramente privados. Y por todo ello, el texto pide que no se autoricen recalificaciones de suelo rústico hasta que se haya adoptado la nueva ley.

Hoy está prevista en Estrasburgo la votación del informe y de las enmiendas. "Todo está abierto", sostenían anoche fuentes populares, quienes, sin embargo, confiaban en el apoyo de los liberales, clave para sacar adelante los reparos al texto, que supondrían dejar de lado la moratoria. "Es probable que las apoyen". Los liberales, que también presentaron media decena de enmiendas, mostraron ayer su oposición a que los asuntos regionales se diriman en las instituciones europeas. "Es como protestar aquí por los retrasos en el metro de Londres", dijo Ignasi Guardans, quien compartió las líneas fundamentales del informe. Se prevé que el grupo liberal vote dividido. Los británicos han anunciado que votarán a favor, ya que muchos de los afectados son ciudadanos británicos que residen en España. Los franceses e italianos votarían en cambio a favor de las enmiendas que anulan la petición de moratoria. "El texto es durísimo, parece que en España los tribunales expropian sin garantías. Hay que defender la autonomía de las regiones, no tiene sentido que el Parlamento Europeo se convierta en legislador del urbanismo valenciano", sostuvo Guardans, quien no ocultó su malestar por la división en las filas liberales.

"No vamos a aceptar enmiendas que vayan a rebajarlo y a debilitarlo", dijo por su parte el socialista Joan Calabuig durante su intervención en Estrasburgo. Los Verdes también anunciaron que no apoyarán las enmiendas de populares y liberales. "Quieren debilitar el informe. Quieren cubrir el Mediterráneo de ladrillos y cemento", aseguró por su parte David Hammerstein, de Los Verdes. La liberal Janelly Fourtou, ponente del informe, que destacó "la belleza del paisaje, un clima cálido y la calidez de sus habitantes, que ha hecho que miles de europeos hayan elegido Valencia para fijar su residencia", reconoció, sin embargo, que los europarlamentarios tienen "un margen de maniobra muy estrecho" en este terreno.

Construcciones en Guardamar (Alicante) que los socialistas paralizaron al llegar al Ayuntamiento. / PEP GARCÍA

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