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Las comunidades invertirán 12.000 millones más que la Administración central en 2006

Madrid, País Vasco y Cataluña, a la cola en esfuerzo inversor respecto al PIB regional

Con la economía española creciendo a buen ritmo, la gran mayoría de los Gobiernos autónomos han presentado presupuestos expansivos para 2006, con fuertes aumentos del gasto y con un elevado esfuerzo inversor. Las inversiones de las autonomías suman unos 32.000 millones de euros el próximo año. Con la mayor parte de las competencias transferidas, la inversión de la Administración central (concentrada en infraestructuras) alcanza 20.260 millones, 12.000 menos que las autonomías. Madrid, País Vasco y Cataluña están a la cola en esfuerzo inversor respecto al PIB regional.

Los proyectos de presupuestos de las comunidades para 2006 son fiel reflejo de la descentralización del Estado: son las autonomías las que acometen el grueso de las inversiones frente a una Administración central que concentra el esfuerzo inversor en las infraestructuras ferroviarias, de carreteras, portuarias y aeroportuarias. Algo parecido ocurre con el gasto. Con sanidad y educación en manos de las comunidades, los crecimientos que reflejan los proyectos presupuestarios superan con creces los del Estado. Cataluña, Andalucía y Madrid gastarán en 2006 más de un 10% de lo que gastarán este año, frente al alza del 7,6% consignada en el proyecto de Presupuestos del Estado.

El mayor esfuerzo inversor en términos absolutos corresponde a las cuatro grandes comunidades. Los gobiernos de Manuel Chaves (Andalucía), Pasqual Maragall (Cataluña), Gerardo Camps (Comunidad Valenciana) y Esperanza Aguirre (Madrid) concentran un peso cada vez mayor en la política económica española. En conjunto, invertirán casi 17.500 millones de euros en 2006 -correspondientes a las inversiones directas y las transferencias corrientes-, una cifra que se va acercando año a año a la de la Administración central en términos absolutos.

Al margen del presupuesto

Este dato no incluye, además, las inversiones extrapresupuestarias, cada vez más importantes ante el corsé que suponen el déficit cero y los planes de saneamiento de algunas de estas autonomías. Sólo en Cataluña, este tipo de inversiones -con cánones, peajes en sombra y pagos aplazados, entre otras modalidades- supondrán 990 millones adicionales en 2006, destinados a la construcción de comisarías, prisiones, carreteras e infraestructuras de transporte. En la Comunidad Valenciana, estas nuevas fórmulas de financiación superan los 500 millones.

A partir de 2007, el panorama puede cambiar sustancialmente ante el recorte de fondos procedentes de la UE, según los expertos. En el caso de Andalucía, el impacto de estos fondos se sitúa en torno al 15% del presupuesto.

Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja son las comunidades que realizan un mayor esfuerzo en términos de PIB regional (por encima del 7%). A la cola figuran el País Vasco, Madrid y Cataluña. En cuanto a la inversión por habitante, Navarra, La Rioja y Castilla y León se sitúan en los primeros lugares del ranking. En las últimas posiciones figuran los Ejecutivos del País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Hay varios factores que condicionan el esfuerzo inversor de cada comunidad autónoma. En el caso de las comunidades uniprovinciales el volumen inversor suele ser mayor, ya que en comunidades como el País Vasco las diputaciones realizan parte de las inversiones, puesto que tienen transferidas varias competencias. Además, las autonomías cuya renta es inferior al 75% de la media europea -como Andalucía y Extremadura- reciben más fondos procedentes de la UE y salen beneficiadas también del reparto de fondos derivado del sistema de financiación pactado en 2001 por el PP y CiU.

Las comunidades han tenido que echar mano del endeudamiento ante las insuficiencias derivadas del modelo de financiación autonómica. Pero la mayor parte de las autonomías empiezan a ajustarse el cinturón en este capítulo. La Comunidad Valenciana presenta los peores números en términos relativos, con una deuda que alcanza el 11,2% de su PIB. Le siguen Cataluña (8,1%), Galicia (7,2%), Madrid (6,5%) y Andalucía (6,4%), según los datos del Banco de España.

La deuda es una de las grandes preocupaciones de las administraciones autonómicas, que reclaman un nuevo modelo de financiación para paliar los problemas derivados del actual, en vigor desde 2002. En pleno debate sobre el proyecto de Estatuto catalán -que fija las bases de un nuevo modelo-, el Gobierno ya ha avanzado que el nuevo sistema entrará en vigor en 2007.

El otro frente abierto es la pérdida de fondos de la UE. Entre 2000 y 2006, España habrá recibido unos 50.000 millones de euros procedentes de Bruselas, una aportación anual equivalente al 1% del PIB español. En el periodo 2007-2013, el incremento de la riqueza media en la mayoría de las comunidades reducirá sensiblemente los fondos europeos. Para atenuar las consecuencias, el Gobierno prepara la creación de un fondo específico para hacer frente a necesidades futuras.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005