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Una empresa presidida por un ex diputado del PP ficha al escolta de Tamayo procesado

El contrato se efectuó después de que el vigilante vinculara a los populares con el tránsfuga

El Grupo de Comunicación Intereconomía, presidido por el ex diputado del PP Julio Ariza, ha contratado a José Antonio E., el escolta que vigiló y protegió en 2003 a los ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante los días posteriores a su deserción del grupo parlamentario que permitió a la popular Esperanza Aguirre llegar a la presidencia de la Comunidad. José Antonio E., que está procesado por usar un carné falso del CNI, declaró al juez que personas vinculadas con cargos del PP le habían contratado para vigilar a Tamayo.

Después de su declaración al juez y, una vez lograda la libertad provisional, ha sido fichado por Intereconomía, según adelantó ayer la cadena SER. Ana Roldán, adjunta a Ariza, aseguró ayer que no podía ofrecer ninguna precisión sobre el contrato del antiguo escolta de Tamayo porque no había podido comunicar con su jefe directo. Otras fuentes de la empresa precisaron que había sido fichado como "responsable de seguridad". El vigilante hizo llegar a este diario hace varias semanas que estaba en pruebas para trabajar de chófer en esa compañía.

José Antonio E. se enfrenta hoy a un proceso penal por los presuntos delitos de falsedad documental, usurpación de funciones públicas, así como revelación de secretos. Nada de esto parece haber entorpecido su contratación para el equipo de seguridad de Intereconomía, donde ya contaba con un amigo, supuestamente su máximo jefe, quien recomendó su fichaje.

Esa relación previa está documentada en el sumario en el que se investiga no sólo que José Antonio E. se hiciera pasar por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino por el hecho de que media docena de miembros de las fuerzas de seguridad han tenido que explicar la información reservada que le entregaron, lo que a algunos les ha costado un expediente y su imputación penal.

Seguimiento a una juez

De la investigación se desprende que la actividad del grupo del que formaba parte José Antonio E. realizaba en ocasiones informes que servían para intentar desacreditar a personajes de la vida pública. Menos claro resulta quiénes y con qué fin encargaban este tipo de informes. Sólo en algunos casos parece apuntarse una cierta dirección desde los propios aparatos de la seguridad de la Universidad Complutense, pero no está esclarecido quién, sin embargo, tuvo interés en aplicar la misma lupa a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios o a Pilar Giménez-Reyna, ex presidenta de Gescartera, imputada por dicha causa instruida por la citada magistrada. Hay evidencias de que fueron investigadas por el grupo.

La esperanza socialista en que José Antonio E. tirara de la manta de constructores o elementos afines al PP que estuvieron en la cobertura de la deserción de las filas socialistas de Tamayo y Sáez parece debilitarse tras su fichaje por Intereconomía. Por encima de esclarecer la verdad, el ex escolta andaba más interesado en las últimas semanas en encontrar un trabajo dada la mala imagen que le precedía tras airearse los asuntos en los que la red de la que formaba parte se había visto involucrada, por más que asegurase que nunca intervino en nada irregular ni era quien comandaba el grupo.

José Antonio E. siempre ha declarado al juez que trabajaba a las órdenes de un ex guardia civil llamado Ángel. Entre sus trabajos especiales también hizo un barrido en busca de instrumentos de espionaje colocados en el despacho de una concejal del CDS en el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el PP. Y tras encontrar un micrófono oculto, lo arrancó, y recomendó a la edil, según afirma ella, no denunciarlo a la policía.

Ahora ha sido contratado por una empresa presidida por el ex diputado del PP Julio Ariza, que trabajó siete años en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha beneficiado a la empresa de Ariza al concederle una de las licencias televisivas a Intereconomía. Su otorgamiento fue recurrido desde el PSOE, por entender que el Ejecutivo regional incumplió su propio pliego de condiciones -elevó de cinco a 10 años el tiempo de concesión- y no consultó ni convocó al consejo audiovisual de la Comunidad. Entretanto, mientras la Guardia Civil no duda sobre la identidad de quién es el famoso Ángel, ex miembro del instituto armado que tutelaba los pasos de José Antonio E., este hecho no ha sido acreditado en el sumario.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 2005