Mano dura en Italia, Francia y España

Frontera franco-belga. Tres días antes del inicio del Tour de 1998 en Dublín. La policía judicial francesa descubre un vehículo cargado "con centenares de gramos de sustancias anabolizantes y EPO". Detiene al conductor. Se trata de Willy Voet, el masajista del equipo Festina y de su figura, Richard Virenque. Un día después la policía detiene al director deportivo y al médico del equipo, Bruno Roussel y Eric Rickaert, acusados por un juez de Lille de tráfico e incitación al consumo de sustancias prohibidas. Acto seguido la organización del Tour expulsa al equipo Festina. Es la espoleta de la edición más escandalosa de la carrera francesa. La policía procede a severos controles en los hoteles, en los autobuses de los equipos, desconcertados por considerar que cumplían con creces sometiéndose a las reglas antidopaje del Tour y de la Unión Ciclista Internacional.

Desconocían que no todos los Estados empezaban a tratar el problema de igual forma. En Europa, cinco países se decantaron por la vía legislativa y empezaron a elaborar y endurecer sus legislaciones específicas sobre el dopaje. En Bélgica, la ley antidopaje tenía fecha de 1989 y prohíbía "la administración, la invitación al uso o la facilitación para el empleo de sustancias dopantes para las competiciones o manifestaciones deportivas".

Francia votó en marzo de 1999 una ley sobre la protección de la salud de los deportistas y la lucha contra el recurso a productos estimulantes. Italia, afectada en octubre de 1998 por el escándalo del laboratorio del Comité Nacional Olímpico (CONI) -los laboratorios trucaban los resultados-, endureció sus leyes. El CONI instauró un seguimiento biológico longitudinal parecido al de Francia y, a partir de 2.000 cuando fue instaurada la nueva ley antidopaje, empezó a controlar a deportistas de alto nivel. Guardiola fue uno de los perjudicados por esa nueva ley. El ex futbolista del Barça, fue condenado por un tribunal de Brescia a siete meses de prisión y 2.000 euros de multa por dopaje con nandrolona en el otoño de 2002. Guardiola recurrió la sentencia. Después del caso del malogrado Pantani, de la condena a prisión de tres ciclistas, entre ellos Darío Frigo, y del juicio contra el Juventus, el Comité Olímpico Internacional, cuyo Código Antidopaje sólo prevé sanciones deportivas, intenta a llegar a un acuerdo con el gobierno italiano para buscar una tercera vía.

En España, la EPO, cuya comercialización está prohibida incluso con receta, se vendía sin control en las farmacias hace sólo unos años. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley contra el dopaje aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre establece 59 medidas en la lucha contra las drogas. Prevé sanciones penales, con condenas de seis meses a dos años, para quienes promuevan el consumo de sustancias prohibidas entre los deportistas. El anteproyecto, que debe ser refrendado por el Parlamento, establece la creación de la Agencia Española Antidopaje, que supervisará que todas las federaciones cumplan un plan de mínimos en los controles antidopaje, unifica todas las sanciones y hará posible la realización de controles de sangre a los deportistas, así como toma de muestras corporales menores y otros fluidos, como la saliva.