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sábado, 29 de octubre de 2005

El PP asegura que los dos constructores ligados al 'caso Tamayo' poseen suelo recalificado en Alcorcón

PP y PSOE se enzarzaron ayer en un cruce de acusaciones sobre los posibles beneficios obtenidos por los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez gracias a sendas recalificaciones en los municipios de Navalcarnero (PP) y Alcorcón (PSOE). Los empresarios fueron relacionados en 2003 con los dos ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuya espantada de la Asamblea frustró un gobierno de PSOE e IU.

El portavoz popular en la Asamblea, Antonio Beteta, replicó al alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, que las palabras del portavoz socialista, Rafael Simancas, sobre la existencia de recalificaciones en Navalcarnero "son una auténtica falacia". Cascallana, a su vez, había pedido una rectificación a Beteta por decir que los constructores Bravo y Vázquez habían obtenido "beneficios" en operaciones urbanísticas en Alcorcón.

El portavoz popular se preguntó: "¿Por qué no cuenta lo de Alcorcón y sí lo de Navalcarnero para Simancas? ¿Porque en Navalcarnero gobierna el PP y en Alcorcón el PSOE?". Cascallana aseguró que Beteta "miente" al afirmar que Bravo y Vázquez han obtenido "beneficios" en operaciones en Alcorcón.

El alcalde de este municipio exigió a Beteta una "rectificación" y dijo que si el PP es capaz de demostrar sus acusaciones, él presentará su dimisión. El regidor explicó que Bravo y Vázquez tienen una parcela de 655 metros cuadrados para construir en el Ensanche Norte, "que equivale a no más de siete viviendas", y aseguró que con el proyecto urbanístico del PP en la anterior legislatura "tenían bastante más suelo". También recordó que, desde que el PSOE gobierna en Alcorcón junto con IU, "se ha gestionado la construcción de 10.000 viviendas públicas en suelos que antes pertenecían a manos privadas".

El PSOE había denunciado dos días antes que Bravo y Vázquez han dado un "pelotazo de 21 millones" gracias a que el Ayuntamiento de Navalcarnero aprobó una modificación del planeamiento urbanístico que permite construir viviendas en una finca, propiedad de ambos, prevista inicialmente para uso terciario.

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