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Las prostitutas de calle creen inconstitucionales las multas que prevén las nuevas ordenanzas de Barcelona

Las prostitutas que ofrecen sus servicios en la calle expresaron ayer su indignación por las nuevas ordenazas municipales que prepara el Ayuntamiento de Barcelona y que prevé sanciones de entre 100 y 500 euros para estas mujeres y para sus clientes cuando se produzca "un apoderamiento del espacio público".

Justine Abellà, coordinadora del grupo promotor del sindicato de trabajadoras del sexo, denunció ayer que el anteproyecto de ordenanzas "tiene visos de inconstitucionalidad, ya que limita los derechos de libertad de trabajo y de movilidad". "No se puede poner en un mismo saco la delincuencia con los pobres mendigos que no tiene adonde ir y con las trabajadoras del sexo", señaló.

Mercè Civit, responsable de la secretaría de la mujer de CC OO y representante en este sindicato del colectivo de trabajadoras del sexo, destacó ayer que lo que debe hacer el Ayuntamiento "es habilitar un espacio para que estas mujeres puedan ejercer su trabajo en la calle" y agregó que el sindicato hará todo lo posible para que el anteproyecto de ordenanzas no salga adelante. "Las sanciones no harían más que contribuir a que estas mujeres se vean obligadas a ocultarse, lo que favorecería su explotación por parte de las mafias", alertó.

El anteproyecto de ordenanzas que defendió el pasado martes el alcalde, Joan Clos, y que prevé también elevadas sanciones para quienes practiquen el top manta, fue también criticado ayer con dureza por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que reclamó a la Sindicatura de Greuges, a la Oficina para la no Discriminación, al Colegio de Abogados y al Observatorio de Derechos Humanos que determinen si las futuras ordenanzas de convivencia se ajustan a derecho. A juicio de la entidad vecinal, las nuevas ordenanzas unifican todos los problemas sociales sin distinguir entre las causas de los mismos, y recoge "medidas sancionadoras, pero no sociales", lo que deja en una situación especialmente vulnerable a los colectivos más desfavorecidos, como prostitutas o vendedores de top manta, que no tienen acceso a otros trabajos.

Las nuevas ordenanzas han levantado ampollas en el gobierno municipal, ya que tanto ICV como ERC, socios del PSC, mantiene discrepancias sobre algunos aspectos del anteproyecto.

La presidenta de ICV en el Ayuntamiento, Imma Mayol, aseguró ayer que su grupo introducirá "matices" en el borrador. Mayol advirtió de que las medidas que se adopten deben ser "respetuosas" con las libertades individuales. La tercera teniente de alcalde opinó que prohibir la "mendicidad social" y la prostitución callejera "generaría aún más problemas" para estos colectivos.

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Por su parte, el presidente de ERC en el Ayuntamiento y segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella, anunció también enmiendas al anteproyecto y destacó la necesidad de que se deje clara la diferencia entre incivismo y problemas sociales.

Xavier Trias, presidente del grupo municipal de CiU, lamentó también que el proyecto de ordenanzas "no va al fondo de los problemas y parece que castiga lo que molesta a la gente".

La propuesta de Clos sí ha obtenido el apoyo del PP. El presidente del grupo de este partido en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, lamentó que Clos no haya obtenido el pleno apoyo de sus socios de gobierno, aunque agregó que el alcalde "no debe preocuparse porque tendrá el apoyo del PP y concejales suficientes para sacar esta ordenanza, siempre y cuando sea clara".

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