Ciudadanía laboral
En términos sintéticos se podría resumir esta reflexión en la exigencia de un cambio de rumbo en las relaciones laborales que supongan, simple y sencillamente, "trabajar con derechos". Es la hora, también, de la ciudadanía laboral. Es la hora de que el derecho a trabajar no se convierta necesariamente en la obligación de trabajar sin derechos.
Introduzco en mi reflexión la conclusión final de un largo articulo del sociólogo Alonso Benito en el libro Transformaciones Laborales en España. "Dados los peligros contemporáneos tanto de desintegración y fragmentación de las identidades sociales, como de corrosión y disolución de los vínculos cooperativos, parece necesario restaurar la solidaridad y la seguridad pública en el ámbito de las políticas democráticas, y en este sentido la contribución del mundo del trabajo resulta imprescindible. Reconstruir y regenerar los derechos sociales del trabajo, impulsar su estudio y mejora de sus condiciones, revalorizarlo e incentivarlo en su dimensión colectiva y civilizatoria es volver a impulsar los valores de la ciudadanía -y no sólo los del consumo privado o la inversión tecnológica- hacia un desarrollo activo, evitando así el peligro de regresión al que estamos permanentemente expuestos". "Esto significa", sigue diciendo Alonso Benito, "plantear un proyecto de sostenibilidad social de los modelos occidentales de empleo, donde lo cuantitativo sea siempre regulado por lo cualitativo, pudiéndose derivar del mundo del trabajo proyectos personales y comunitarios donde quepa la seguridad y el bienestar ciudadano".
Reducir la elevada tasa de temporalidad laboral existente en nuestro país debería tener contrapartidas, ya que es un bien en sí mismo
Nuestro desgraciado mercado de trabajo se caracteriza por una baja tasa de ocupación, un elevado desempleo y una insoportable precariedad
Bajando a nuestra realidad, se puede comprobar que nuestro desgraciado y desvertebrado mercado de trabajo se caracteriza por una baja tasa de ocupación y un elevado desempleo, una insoportable precariedad y un elevado porcentaje de trabajos con baja remuneración. Son demasiados los ciudadanos instalados en "la precariedad de la subsistencia". Los sociólogos hablan del empleo en colores. El negro representa a los que trabajan en la economía sumergida. El gris se refiere a un conjunto de colectivos que va desde los falsos autónomos a todo el mercado irregular, compuesto principalmente por inmigrantes. El rosa lo componen en su mayoría las mujeres que tiene que elegir no voluntariamente trabajos a tiempo parcial. Por último, el blanco están los trabajos bien pagados y considerados, bien protegidos y fidelizados. Parece que esto último se convierte en la excepción y no en la regla.
Esta es la profunda fragmentación que el llamado modelo fordista neoliberal hace que nuestra sociedad sea cada vez más dual, más segmentada, más centrífuga, menos incluyente provocando que un amplio sector social vea reducidas o estancadas su expectativas de una vida decente.
¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Es posible un cambio de rumbo? Me hago estas preguntas en pleno proceso de diálogo social, calificándolo como una nueva oportunidad para corregir los desgraciados efectos de las desregulaciones generalizadas de los mercados de trabajo, la flexibilización y remercantilización de todos los espacios sociales, los efectos disciplinarios del modelo de "mercado total y exigencias totales en la gestión de la fuerza del trabajo", la búsqueda exclusiva de superbeneficios de acuerdo con los grandes grupos financieros, el auge exclusivo de las políticas de oferta, la prioridad de la políticas económicas en el control de la inflación y el olvido práctico de las políticas de empleo, la escasez de transferencias públicas y el debilitamiento creciente de la protección social.
Sin duda alguna, a estas alturas de la película, parece que hay consenso político, económico y social en abandonar aquel principio de que "más vale un empleo precario que ninguno" . La explosión de la precariedad es también una desgracia económica. Más temporalidad y más precariedad no crean empleo, lo que sí hacen es facilitar el ajuste del empleo a los diferentes ciclos económicos. Lo que no resuelven son los efectos perversos no sólo en la situación de los trabajadores y en sus recortes de derechos, sino en la competitividad de las empresas y en la cohesión social.
Esto último también es muy importante por afectar al modelo de sociedad, ya que se está debilitando el papel del Estado de bienestar, al reducirse las políticas públicas y su papel institucional en garantizar la ciudadanía laboral y los derechos económicos y sociales de una gran parte de la ciudadanía. Lo más triste es que, bajo el eslogan de la flexibilidad, caemos en un individualismo que traspasa casi de manera absoluta la responsabilidad del desempleo o de los malos empleos al ciudadano que no ha sabido encontrar un puesto de trabajo.
A estas alturas de la película también parece que hay un consenso generalizado en que los problemas de mercado de trabajo no están en las normativas laborales, sino en la debilidad de nuestro tejido productivo. En un modelo de competencia que se basa más en contratos temporales y precarios y utilización de la contratación de mano de obra barata, que en una apuesta permanente por una modernización del aparato productivo, la inversión en capital humano y físico y la mejora de la calidad en el empleo. Esto es a fin de cuentas lo que crea un tejido industrial sólido y estable que hace que nuestro crecimiento en la economía no sea tan desequilibrado. Y en esta misma línea es preciso hablar más de entrada y permanencia en el mercado de trabajo y no de salida, ya que intentar facilitar y abaratar el despido es apostar por la precarización de la estabilidad.
Combatir la elevada tasa de temporalidad no debe tener contrapartidas, ya que es un bien en sí mismo. Aquí también hay que romper tópicos excesivamente interiorizados por los poderes económicos y políticos. Los datos facilitados por el Banco Mundial (BM) y la organización para la Cooperación y el Desarrollos Económico (OCDE) despejan el falso mito de que en España hay temporalidad por lo altos costes del despido de los trabajadores fijos. El Banco Mundial constata que España ocupa el puesto 27, de un total de 83 países, en cuanto a niveles de protección al empleo fijo. En la misma linea, la OCDE confirma que nuestro país ocupa el lugar 17 de un total de 28 países analizados, pero afirma que es el que más ha reducido los costes del despido desde 1988, hecho que no ha incidido en la reducción de la temporalidad. Si la causa de la elevada tasa de temporalidad solamente obedeciera al tan manido coste del despido, España tendría una tasa de temporalidad del 11,5%, por debajo de la media europea y tres veces inferior a la actual.
La Comisión de Expertos para el Dialogo Social afirma que "es conocido que, a largo plazo, el crecimiento de la productividad es la única fuente de crecimiento del nivel de vida y dicha productividad depende de las disponibilidad del capital físico y humano y del progreso tecnológico". En plena fiebre de reformas laborales, la Confederación Europea de Sindicatos declaraba con bastante rotundidad que "toda la flexibilidad y todas las desreglamentaciones del mundo no podrán, por sí solas, conseguir nuestros objetivos en materia de empleo".
Un deseo utópico es, sin duda, el que apuntaba acertada y con una fuerte dosis de ironía y sarcasmo una viñeta de El Roto: "Queremos fijar las condiciones laborales de los que fijan las nuestras". Tal vez así desaparecerían los adictos empleadores de la precariedad, privados y públicos, responsables principales de las carencias de nuestro tejido productivo.
Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.
