El ex concejal de Urbanismo de Málaga recurrirá al Supremo la condena por ocultar una orden de embargo
El ex concejal de Urbanismo de Málaga Manuel Ramos, del PP, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha ratificado la condena a un año de prisión y de multa y a tres años de inhabilitación para empleo en la administración local por un delito de infidelidad en la custodia de documento público. La misma pena ha sido también ratificada para el funcionario municipal Enrique Vega.
Ramos, que fue concejal entre 1999 y 2003, periodo en el que ocupó las delegaciones de Personal y de Urbanismo, y que actualmente está retirado de la actividad política, aseguró ayer a Europa Press que sigue confiando "plenamente" en la justicia, pese a que dijo tener motivos suficientes para haberla perdido. "Estoy convencido de que el Tribunal Supremo me dará la razón, puesto que no hay caso ni delito", apostilló.
El ex concejal dijo que estaba seguro de tener casi ganado el caso en el TSJA, instancia ante la que recurrió la sentencia que le puso la Audiencia Provincial de Málaga en mayo de 2005. El caso requirió de dos sentencias. La primera la dictó la Audiencia Provincial en diciembre de 2003, pero la sala de lo Civil y lo Penal del TSJA mandó que se repitiera por falta de motivación suficiente, por lo que se emitió un segundo fallo en en mayo de 2005, ambas con la misma condena. Ramos confesó ayer que se sintió confiado en ganar la apelación en base a aquel requerimiento de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJA, pero ésta ha ratificado la sentencia.
Antes de ser concejal, Ramos trabajó para el Ayuntamiento de Málaga como director de área de Bienestar Social y de Personal en el consistorio, etapa a la que se remontan los hechos. Ramos fue condenado por la ocultación de varios mandamientos de embargo de su nómina enviados por un juzgado al departamento que Ramos dirigía sin que fueran cursados al área de tesorería para que se ejecutaran las retenciones.
Según el fallo judicial, Ramos y el funcionario municipal, "actuando en connivencia", acordaron retener y "ocultar" dichos oficios, logrando "intencionadamente la paralización del trámite oportuno".
El ex concejal del PP insiste en que su actuación fue correcta y que no hubo ningún acuerdo con el jefe de servicio Enrique Vega para ocultar los requerimientos. Además asegura que no obtuvo ningún beneficio con el retraso en la aplicación del embargo y que en aquel momento su nómina ya estaba sujeta a otros embargos con los que superaba el límite de retenciones permitido por la ley.
Ramos entiende además que fue perjudicado por el hecho de que el caso fuera juzgado por un jurado popular. "Con un magistrado profesional no tengo ninguna duda de que hubiera resultado absuelto", dijo.
