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sábado, 1 de octubre de 2005

IU advierte a la CNMV de que la sociedad mixta que saldrá a subasta tiene aún dos juicios pendientes

El pasado 23 de septiembre, Funespaña -el socio privado del Ayuntamiento en la empresa mixta de servicios funerarios- envió una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicando su decisión de vender su 49% de acciones o comprar el 51% del Ayuntamiento. Inés Sabanés, portavoz de IU, anunció ayer que ha enviado otra carta al mismo organismo recordándole que la empresa mixta de servicios funerarios tiene dos juicios pendientes. "En esta situación, es una temeridad y una irresponsabilidad por parte del gobierno municipal subastar la empresa", afirmó la concejal.

La funeraria fue pública hasta 1992, cuando el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, vendió el 49% de la empresa a Funespaña por un "precio simbólico" de 100 pesetas (0,50 euros). El PP alegó que la funeraria era ruinosa, pero nada más privatizarse empezó a arrojar pingües beneficios. IU denunció esa operación ante la Fiscalía Anticorrupción, y ésta llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el juicio, que a día de hoy no se ha celebrado, están imputados tres ex concejales del PP -Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno- acusados de prevaricación, malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Sabanés y el concejal de su grupo Julio Misiego explicaron ayer que los otros tres imputados, directivos de Funespaña, han puesto como aval ante el juez las acciones de la compañía. "Puede haber un serio problema de garantías si se vende la empresa antes de que se celebre el juicio", indicó la portavoz de IU.

Además, existe otra causa, esta vez por lo contencioso-administrativo, y ya con sentencia: el Tribunal Superior anuló en enero de 2003 la convocatoria y los pliegos del concurso de privatización de 1992. Esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, pero Sabanés cree que, si éste la confirma cuando la funeraria se haya subastado, se planteará otro problema jurídico. Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la comunidad, lo niega: "Que se anulen los pliegos de un concurso no significa nada. No afecta a la adjudicación".

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