La ponencia de reforma del Estatuto reanuda sus trabajos sin acordar ni un solo artículo

La ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía se atasca, es decir, no ha alcanzado ni un solo acuerdo sobre la redacción de alguno de sus artículos. Los ponentes abordaron ayer en el parador nacional de Carmona (Sevilla), donde se redactó el texto actual, los 12 artículos de los que consta el Título Preliminar sobre cuestiones en las que teóricamente coinciden, pero ninguna de ellas se dio por cerrada. Tampoco hubo aproximación en aquellos asuntos en los que discrepan, como la denominación de la comunidad, en la que existen dos visiones completamente enfrentadas.

Con la de ayer los ponentes se han reunido en 16 ocasiones sin que por el momento se haya llegado a un acuerdo sobre la redacción del borrador de un solo artículo del Estatuto. Pese a esta situación de casi punto muerto, los representantes de los cuatro grupos políticos insistieron en que se "ha avanzado" y se mostraron relativamente satisfechos de sus intercambios.

Tanto en las tres reuniones celebradas en el mes de julio como en la de ayer en Carmona los redactores consumen bastante tiempo en hablar de calendario y metodología, pero no logran cerrar ningún contenido y eso, que ayer trabajaron ya con un borrador de texto articulado del Título Preliminar que han elaborado los servicios jurídicos del Parlamento sobre asuntos en los que teóricamente están de acuerdo.

El problema es, como afirmaron varios portavoces, es que conforme los ponentes progresan, en cuanto desmenuzan el texto también empiezan a surgir las diferencias.

El portavoz socialista, Manuel Gracia, reconoció: "Es cierto que no avanzamos todo lo deseable, pero la metodología encierra estrategias de cada grupo". El PSOE, que cuenta con mayoría absoluta, no va a imponer más ritmo para que nadie lo utilice "como excusa" y se salga de las negociaciones.

El popular Antonio Sanz calificó de "punto de inflexión" la reunión de Carmona ya que empieza a concretarse "de manera más clara la reforma y eso lleva a que se traduzcan discrepancias importantes". Antonio Romero (IU) opinó que ha habido "avances" aunque el trabajo es "farragoso" y "laborioso", mientras que Ildefonso Dell'Olmo (PA)zanjó: "Vamos al mayor ritmo que permite las circunstancias".

Reforma agraria

En el debate sobre los 12 artículos del Título Preliminar los acuerdos alcanzados, pero no cerrados, afectan a fijar la capitalidad de Andalucía en Sevilla; la inclusión de la pertenencia de la comunidad a Europa y el reconocimiento de los residentes de la UE; los derechos y garantías de la comunidad de andaluces en el exterior; y algunas aproximaciones "verbales" sobre los objetivos de la comunidad que figuran en el actual artículo 12, en la que todos proponen un salto cualitativo en materias como empleo, educación, cultura o nuevas tecnologías.

En este apartado existe el acuerdo a tres bandas de PSOE, PP y Partido Andalucista de eliminar la referencia a la reforma agraria como un objetivo básico de la comunidad. Estos grupos son partidarios de una redacción más moderna y menos ruralista, acorde con el siglo XXI, a lo que se opone Izquierda Unida. "El anacronismo no es la reforma agraria, sino el latifundismo y que un 3% de propietarios sea dueño del 55% de la tierra", aseveró Antonio Romero.

Según el calendario acordado, en octubre los grupos empezarán votar sobre los temas en los que están o no de acuerdo como el de la denominación de Andalucía. PSOE y Partido Popular, que suman 98 de los 109 diputados de la Cámara, abogan por el término nacionalidad histórica, mientras que IU y PA (11 parlamentarios) defienden el de nación.

Las competencias de la comunidad autónoma, recogidas en el Título Primero, también permanecen congeladas. Hasta ahora lo que hay es un listado con el enunciado de materias que gestiona el Gobierno andaluz bien compartidas con el Estado, en exclusiva o delegadas. Y nada más. El retraso en abrir este debate, que será uno de los más polémicos, se debe sobre todo a que los ponentes andaluces están muy atentos a lo que pasa en la reforma de Cataluña, algo que no negó ayer el popular Antonio Sanz, aunque también lo ligó a los informes jurídicos de los expertos contratados por cada grupo parlamentario.