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El Consell salda la deuda para el tratamiento de basura en La Plana 7 años después

María Fabra

El Consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, y el presidente de la sociedad Reciclados de Residuos de la Plana, SA (Reciplasa), y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, firmaron ayer un convenio por el que, definitivamente, la Generalitat se compromete a aportar los 8,7 millones de euros que adeuda a la sociedad pública y que, en su día, recibió de fondos europeos para esta finalidad. El consejero Blasco no tuvo reparo en señalar que el retraso se debe a que "saldar deudas en este país es una cosa que cuesta mucho", aun cuando la Administración autonómica ha dividido en cinco años el pago de su deuda. Por su parte, Reciplasa, que aúna a los ayuntamientos de L'Alcora, Almassora, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castellón, Onda y Vila-real se ha comprometido a gestionar los residuos de otra treintena de pequeños municipios hasta completar el ámbito territorial del Plan Zonal II, IV y V, formado por un total de 44 localidades de las comarcas de L'Alcalatén, La Plana Alta, La Plana Baixa y El Alto Mijares, con 330.000 habitantes.

Rafael Blasco mantuvo también que con la aportación de la Generalitat se soluciona un "problema serio largamente arrastrado" e incluso dijo que "con los gobiernos que han pasado, ha sido el gobierno actual de la Generalitat el que ha saldado la deuda", sin mencionar que la deuda contraída se remonta hasta hace siete años, cuando también gobernaba el PP. El consejero de Territorio también quiso destacó el "evidente" esfuerzo económico de la Generalitat Valenciana "para solucionar las sombras económicas y financieras de Reciplasa", pese a que la propia Generalitat ya recibió estos fondos de Europa.

Urgencia

De hecho, esta deuda obligó a que el pasado mes de junio se reuniera, con carácter extraordinario, el consejo de administración de Reciplasa, formado por cinco alcaldes del PP, un independiente que gobierna con el PP y dos representantes socialistas, para trasladar al Consell un acuerdo por el que urgía a hacer efectivo el pago. El acuerdo recordaba que la Generalitat se había comprometido a la financiación del proyecto con una subvención procedente de fondos europeos y de la Generalitat. Esa ayuda se concretó, en 1999, en el aval de dos pólizas de crédito para financiar la construcción de las dos plantas que se redujeron con la aportación del adjudicatario de la explotación de las plantas. Así, las pólizas quedaron constituidas como "financiación puente" a la espera de la concesión de la ayuda de la Generalitat fijada en el 70% de la inversión realizada. La urgencia venía determinada por el hecho de que uno de los dos bancos con los que suscribieron las pólizas ya había anunciado que era la última vez que prorrogaba la operación de crédito concedida. Ahora, finalmente, la Generalitat saldará su deuda pero el retraso ha costado más de un millón de euros.

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