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Columna
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Diez negritos

El 80% de los concejales del equipo de gobierno de Marbella inician el nuevo curso político haciendo cola a las puertas de los juzgados. Al menos diez de los 16 ediles del tripartito figuran encausados en procesos judiciales por malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. De aquí hasta el final de la legislatura, la corporación no la va a conocer ni la madre que los votó. Hay concejales que han tenido que abandonar el Consistorio tras ser inhabilitados para cargo público, entre ellos el ex alcalde, Julián Muñoz. Casi nadie en el Ayuntamiento es lo que fue, por eso actualmente más de la mitad de la corporación no está integrada en el partido por el que se presentó. Hay ex gilitas en el gobierno y ex gilitas en varios grupos distintos de la oposición, y a estas alturas de mandato lo único que les une es la posibilidad de tener una condena judicial parecida. Marbella tiene el privilegiado honor de contar con una corporación integrada por 27 concejales, de los que al menos 16 de ellos están imputados; o condenados a la espera de que la sentencia sea firme; o pendientes de sentarse en el banquillo si prosperan las denuncias que acumulan tras varios mandatos.

En Marbella han hecho falta cuatro legislaturas para descubrir que tan sólo desde 1991 hasta 1999 volaron de las arcas municipales unos 65.000 millones de las antiguas pesetas, a través del saqueo sistemático de un entramado de sociedades municipales. Un fraude que afectó a las arcas del consistorio, a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. El dinero entraba a través de convenios que permitieron licencias de obras ilegales y salía con proyectos de obras municipales que nunca se realizaron. Este trasiego económico ha dejado en la ciudad 30.000 viviendas levantadas en contra de la legalidad urbanística. El PSOE y el PP se la juegan en Marbella en las próximas elecciones municipales, pero ninguno de estos dos partidos tiene claro cuáles van a ser sus bazas para recuperar una de las principales ciudades de Andalucía. A Marbella todo el mundo llega tarde. Llegó tarde la respuesta de las administraciones públicas. Llegaron tarde las resoluciones judiciales. Y podrían llegar tarde las alternativas de los grandes partidos.

Diez de los 16 miembros del tripartido de Marbella tienen causas abiertas. Un concejal está pendiente de que se ratifique su condena por un delito contra la ordenación del territorio. Si se confirma, ya sólo quedarán nueve concejales. Otro edil está imputado por apropiación indebida. Quedarán ocho concejales. Otro está imputado por prevaricación. Restan siete concejales... Es la canción infantil del libro Diez Negritos de Agatha Cristhie. Uno tras otro podrían ser condenados, mientras se va esparciendo la duda entre los que quedan. Por eso se denuncian entre ellos. El gobierno de Marbella se desmorona en solitario y el PSOE y el PP se muestran incapaces de preparar una alternativa sugerente. Como en las novelas de Agatha Cristhie, el culpable nunca es el que parece. ¿De quién sería la responsabilidad si una lista integrada por personas imputadas por la justicia obtuviera en 2007 otro buen resultado electoral?

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