Diplomacia secreta

La decisión del Gobierno de Aznar de no cursar la petición de extradición del juez Garzón, a primeros de septiembre de 2003, fue resultado de una operación diplomática secreta. El Gobierno español aplicó entonces una doctrina exactamente opuesta a la que invocó en noviembre de 1998, al cursar la solicitud de extradición del mismo juez para traer a España al ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por orden del mismo juez. En este caso, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, explicó una y otra vez a sus colegas de Asuntos Exteriores de Chile, José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés -Aznar también se lo explicó al entonces presidente de Chile Eduardo Frei- que el Gobierno español sólo hacía el papel de buzón, en aplicación de la ley. Sin embargo, en el caso de los 40 militares argentinos Aznar fijó una posición política, con independencia de la petición judicial.

¿Por qué hizo Aznar esto? Quizá porque en el caso de Augusto Pinochet la solicitud de su extradición a Londres venía como anillo al dedo en su estrategia del viaje al centro del PP en aquellos días de 1998. Si bien en el caso de Pinochet las circunstancias políticas y electorales jugaron un papel importante, en el tema de los militares argentinos hubo algo diferente. El Gobierno del presidente Néstor Kirchner mantuvo en septiembre del 2003 conversaciones con el gobierno de Aznar en torno a la solicitud de Garzón. El canciller argentino Rafael Bielsa habló por teléfono con la ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, a sugerencia de Kirchner. EL PAÍS pudo averiguar entonces que el Gobierno argentino prefería no extraditar a los 40 militares que pedía Garzón e intentar enjuiciarlos dentro de Argentina. Así se lo hizo saber Bielsa a Ana Palacio. Con todo, el Gobierno argentino no deseaba aparecer públicamente haciendo la petición de que se retirara la solicitud de extradición o solicitando al Gobierno español la anulación de su tramitación. Tampoco quería, como se le sugirió desde el Gobierno español, poner por escrito sus razones.

El ministro de Justicia de la época, José María Michavila, explicó al juez Garzón en aquellos días que la decisión del Gobierno español de no cursar su solicitud de extradición se debía a un pedido de las autoridades argentinas. Hace ahora ya seis meses, ante la información de que el Gobierno español había obrado por petición del Gobierno argentino, el ministro argentino Alberto Fernández declaró públicamente que no había tal cosa y adjudicó la responsabilidad a las autoridades españolas. Sin embargo, la decisión del gobierno de Aznar de aplicar un criterio en el caso argentino, un criterio exactamente opuesto al caso de Augusto Pinochet, fue el fruto de una colaboración mutua entre Argentina y España.