Las paradojas latentes del modelo laboral francés

La cifra oficial de parados en Francia era de 2.484.100 personas al acabar el mes pasado. Si se suma el contingente de trabajadores que tan sólo han ejercido algún tipo de actividad ocasional, la cifra aumenta hasta casi tres millones. El desempleo se mantiene en un 10,2% de la población activa desde hace tres meses. Según los datos de la Agencia Nacional por el Empleo (ANPE) de la misma fecha, en Francia había 237.000 ofertas de empleo en el sector privado sin ocupar. La patronal eleva esta bolsa de empleo sin ocupar hasta el medio millón.

Cuando pidió la confianza para su Gobierno, hace un mes, ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Dominique de Villepin dijo que era "inaceptable que un parado pueda rechazar sucesivamente varias ofertas de trabajo razonables" y anunció sanciones contra estas personas. Apuntaba así a otra de las supuestas lacras que afectan al sistema de protección social. En Francia es necesario un mínimo de seis meses de trabajo para acceder a las prestaciones de desempleo: un 80% del último salario durante una primera fase y algo menos durante el siguiente periodo que puede alargarse hasta los dos años.

El Gobierno de Villepin necesita ofrecer pronto datos sobre la lucha contra el desempleo

Hay leyendas urbanas que aseguran que hay auténticos "parados profesionales" e incluso un mercado en el sector de la hostelería que ofrecería contratos por seis meses destinados exclusivamente a retomar el subsidio del Estado. Los sindicatos lo niegan, con razón. "Otra vez la misma musiquilla", dijo el presidente de la CFTC, Jacques Voisin, al analizar la amenaza de Villepin. "La cuestión del fraude es marginal", añadía, "antes de ponerla hay que preguntarse donde están estos empleos".

Todos los sindicatos comparten la reacción de Voisin, pero también reconocen que el volumen de fraude que fija la ANPE -en torno al 10%, es decir 250.000 personas-, se acerca a la realidad, aunque el fraude consista, principalmente, en cobrar el desempleo mientras se trabaja en negro. El año pasado, 220.000 personas vieron interrumpida su prestación de desempleo por estas razones. Nadie niega, sin embargo, la contradicción de esos puestos de trabajo sin cubrir que ponen en evidencia la rigidez del modelo y una buena proporción de prejuicios sociales.

La mayoría de estos empleos se sitúan en el sector de la construcción, el de la hostelería y el de los servicios sociales. Un estudio de la Confederación Artesanal de las Pequeñas Empresas de la Construcción cifra en 40.000 el número de obreros calificados, no solo albañiles, sino también carpinteros y fontaneros que necesita pero que no encuentra. Los jóvenes franceses no quieren estos trabajos, los consideran sucios y demasiado fatigosos, y además los ven con el prejuicio de que se trata de un trabajo "para inmigrantes", asegura una fuente de este organismo.

El 23% de los jóvenes franceses de entre 16 y 25 años no tiene trabajo. Una franja de edad muy complicada porque el RMI, el subsidio básico al que tiene derecho todo francés una vez que ya no tiene derecho al desempleo no se puede percibir hasta después de los 25 años. Un buen albañil, explica un pequeño empresario del sector, necesita por lo menos tres años de aprendizaje y ningún joven francés licenciado acepta dedicar esta parte de su vida para acceder a un oficio sin prestigio.

También faltan fontaneros, una profesión que sirvió de referencia a los partidarios del no a la Constitución europea, que vaticinaban la llegada de fontaneros polacos que trabajarían por salarios muy bajos en nombre de la liberalización de los servicios. Igualmente hay problemas para cubrir puestos de trabajo relacionados con la sangre o los animales, como pescadero o carnicero, todos aquellos que tienen que ver con la muerte o con los olores fuertes. El transporte por carretera es otro de los sectores que no encuentra profesionales. En los próximos cinco años se jubilarán 38.500 conductores de camiones de gran tonelaje. Los jóvenes no quieren tampoco este oficio, lo consideran un trabajo de esclavos.

El Gobierno, por su parte, reconoce que tiene problemas para reclutar gente para los servicios a las personas. Fuentes del Ejecutivo indican que podrían crearse hasta 50.000 empleos en guarderías, residencias de ancianos y otro tipo de servicios sociales a través de ayuntamientos y organizaciones comunitarias financiados por el Estado. Estas instituciones, sin embargo, acaban por renunciar a la posibilidad de crear este puesto de trabajo por falta de personal. El Ejecutivo de De Villepin necesita con urgencia ofrecer resultados de su "gran batalla" contra el desempleo, por lo que optará por crear empleo público, justo lo contrario que se había propuesto el anterior Gobierno de Raffarin que quería aligerar el gran sector público francés.