El Tribunal de Cuentas critica las privatizaciones en la etapa del PP

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe en el que considera que hubo "actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos" en algunas operaciones de privatización y ventas de activos de empresas estatales efectuadas entre los años 1996 y 2002. Según el texto del informe adelantado ayer por la cadena SER, el precio por el que el anterior Gobierno, del PP, vendió parte o la totalidad de Red Eléctrica Española, Aceralia, Iberia, Minas de Almagrera y Productos Tubulares fue "sensiblemente inferior" al establecido en valoraciones independientes.

El Tribunal señala que, si bien en los procesos de venta se contó "al menos con una valoración externa", fue "frecuente" que el responsable de la auditoría "fuese también el asesor de la operación de privatización", circunstancia que, a juicio del Tribunal de Cuentas, pudo " influir en la objetividad de la valoración".

El Tribunal de Cuentas subraya que en la OPV de Endesa, en 1997, dos de los coordinadores de la operación fueron bancos de negocios que, a su vez, tenían participación en la compañía, lo que, a juicio del tribunal, "pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflicto de intereses".

Esta circunstancia también se dio en la OPV de Repsol, en la que dos de los bancos preseleccionados para actuar como asesor y coordinador de la operación eran accionistas de la petrolera. "En el caso del coordinador global, con carácter muy destacado", añade el informe.

También el informe del organismo fiscalizador considera que en la privatización de Initec, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hizo "determinados pagos cuya fundamentación no aparece suficientemente justificada".

El caso de Aldeasa es especialmente criticado. Según el Tribunal de Cuentas, en la venta de esta empresa se pudo vulnerar el principio de objetividad y concurrencia porque poco antes de ser privatizada, Tabacalera, ahora Altadis, se hizo con el 30% de la empresa gestora de las tiendas de los aeropuertos. El informe fiscaliza 48 operaciones de ventas de empresas públicas desde junio de 1996 hasta diciembre de 2002.