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El documento de avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU) lejos de servir para limar discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta ha agrandado la fisura entre ambas administraciones, que de nuevo ofrecen posturas irreconciliables.
Los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona están al borde del colapso y acumulan 6.500 asuntos en trámite. En 2003 entraron 5.435 pleitos y el año pasado fueron 9.213. La consecuencia directa es que un recurso que antes tardaba en resolverse una media de cuatro meses desde que se presentaba, ahora puede tardar más de un año.
Las casas se construyen con más rapidez que los colegios en los nuevos barrios de la ciudad. Los desarrollos urbanísticos de Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas y Carabanchel, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, ya acogen a unos 40.000 residentes, que superarán los 130.000 en los próximos años.
El Gobierno permite la "confiscación del agua del Ebro" por parte de Cataluña. Ese fue el mensaje que transmitió ayer Francisco Camps, tras reunirse con varios miembros del Consell para anunciar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, esta vez contra la ley de modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que consagra la derogación del trasvase del Ebro, ya recurrida hace más un año.
El PSE-EE exigirá al Gobierno el relevo del director general de EITB, Andoni Ortuzar, que entiende que ejerce su cargo de modo interino desde 2001, y el sometimiento al Parlamento de la elección de un nuevo máximo responsable del ente, tal y como obliga la ley, según señalaron fuentes del grupo parlamentario socialista.
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