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domingo, 10 de julio de 2005
Reportaje:

El lastre de la burocracia

La maraña legislativa dificulta las inversiones en España

General Electric, uno de los mayores grupos industriales del mundo ha invertido más de 3.000 millones de euros en España durante la última década. Los últimos 500, en una nueva planta en Cartagena para la que ha necesitado 111 permisos administrativos.

Una licencia de instalación industrial en España puede costar hasta el 4% del presupuesto total de la inversión

En Francia disponen de una agencia de inversiones extranjeras que centraliza y coordina a todas las partes implicadas

Mario Armero, máximo responsable en España de la compañía que creo Tomas Alva Edison en 1890, se apresura a señalar que no se trata de un problema de política territorial, incluso considera positivo el modelo autonómico instalado en España, pero no opina lo mismo de la maraña legislativa con la que se enfrentan las empresas industriales a la hora de invertir en España, donde una licencia de instalación te puede costar "hasta el 4% del presupuesto total de la inversión".

Una inversión industrial de cierta envergadura ha de pasar por el Ministerio de Industria, el de Economía si tiene incentivos regionales, el de Educación si disfruta de ayudas de política tecnológica, el de Medio Ambiente si su actividad afecta a ese ámbito y el de Exteriores si precisa de permisos de trabajo para extranjeros.

Y no es sólo una cuestión de cantidad: una autorización medioambiental son siete meses de espera. Es importante sin duda el control del medio ambiente, "¿hacen falta siete meses para algo que no sea la liga de futbol?", comenta Armero.

Si se trata de una licencia para crear una entidad financiera hay que tomar precauciones pero ¿hacen falta seis meses para asegurar su solvencia? "Seis meses en la vida de una empresa es mucho tiempo", asegura Armero, para el que no estaría mal que la Administración predicara con el ejemplo de la mejora de productividad.

Estos desajustes legislativos hay que unirlos además a la pérdida de las ventajas fiscales que ofrecía España hace unos años, pero que han sido superadas por las medidas que han adoptado en ese sentido los países de su entorno económico.

Países en los que en algún caso como el de Francia se ha atacado también la complejidad administrativa con una única agencia de inversiones extranjeras que centraliza y coordina a todas las partes implicadas.

Otra de las dificultades con la que se encuentran empresas de determinados sectores como el de los aerogeneradores son las barreras de entrada que ponen algunas comunidades autonómicas con gobiernos de ambos signos políticos con exigencias de inversión si se quiere abrir mercado en ellas.

Mario Armero reconoce también que se han tomado importantes iniciativas de reformas estructurales por parte del Gobierno, la CEOE... como el impuesto de sociedades, los costes de la Seguridad Social, la reforma laboral..., pero es necesario eliminar una antigua carencia como es la aplicación de una auténtica política industrial.

De cualquier manera, el presidente de General Electric en España sigue pensando que se trata de un país con grandes oportunidades en sectores como las infraestructuras, industria de la salud, agua, energía... donde seguirán invirtiendo y donde esperan duplicar en los próximos tres años los 2.000 millones de euros que han facturado en 2004. Incluso anuncia novedades para después del verano con las que aumentarán su presencia.

Tres meses de espera en Australia

El apoyo a la tecnología es una moneda de uso corriente en los países más avanzados conscientes de que su desarrollo tecnológico es fundamental para mejorar su productividad y su competencia y ese desarrollo exige la participación de tecnólogos de otros países, especialistas en determinadas áreas... En esa circunstancia se encontraba General Electric al poner en marcha su último negocio financiero en colaboración con la CAM para el que requirió la presencia en España de una experta en tarjetas de crédito que trabaja en una de sus filiales en Australia.

Pues bien, el Gobierno del Partido Popular aprobó una normativa en la que se favorecía fiscalmente este tipo de trabajadores importados que el del PSOE ha ratificado. Sin embargo, una vez convencidos de la bonanza económica su traslado hay que someterlo a las leyes de emigración y la australiana lleva tres meses esperando el permiso de residencia y trabajo.

"Cuando mi compañía manda a España a un experto lo hace para que se venga ya, no dentro de seis meses", señala Mario Armero.

Una situación por la que no parece que atraviesen, sin embargo, las figuras extranjeras de los grandes equipos de fútbol al convertirse también en residentes en España.

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