Un 'superfiscal' perseguirá los delitos contra el medio ambiente en España

La conservación de los montes pasa por evitar su mayor peligro: los incendios. El 90% de éstos son causados intencionada o accidentalmente por el hombre, y casi nunca se encuentra al responsable. Con el fin de combatir más eficazmente esta plaga, el Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación de la Ley de Montes, que impide recalificar los terrenos quemados durante 30 años. La norma, además, crea la figura de un superfiscal de máximo rango que perseguirá los delitos ecológicos y que coordinará las fiscalías de medio ambiente que se abrirán en cada audiencia provincial.

El anteproyecto, que el Gobierno quiere que entre en vigor el año que viene, ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que emitan los informes correspondientes que definan las competencias del Fiscal de Medio Ambiente.

Este fiscal tendrá adscritos "las unidades que se precisen del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), así como el resto de las fuerzas de seguridad que tengan competencias medioambientales y los profesionales y técnicos que sean necesarios para auxiliarlo", según la propuesta.

Junto al Fiscal de Medio Ambiente, se crearán secciones especializadas en el Tribunal Supremo y en las audiencias provinciales. "Será una estructura parecida a la de los delitos de violencia de género, con un reforzamiento de los medios especializados y una unificación de criterios", añadió la ministra.

La Ley de Montes también incluye la prohibición de que se modifique en 30 años el uso del suelo donde se haya producido un incendio. Con ello se quieren evitar los intereses que a veces están detrás de los fuegos. "Se acabaron las recalificaciones y especulaciones a costa de nuestros montes", dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

La ley se aplicará "independientemente de que la titularidad del bosque sea pública o privada", recalcó la vicepresidenta. También establece especiales cautelas para la protección de montes considerados "sensibles" (que contengan especies amenazadas o poco representadas).

Aunque las competencias en materia de protección medioambiental están transferidas a las comunidades autónomas, insistió Narbona, el Estado dispondrá de un instrumento a la gestión sostenible.

Entre las aplicaciones prácticas de este fondo figuran asegurar que no se tala de cualquier manera o indiscriminadamente, o que se limpien los bosques adecuadamente para dificultar la propagación de los incendios, señaló la portavoz de Medio Ambiente.

En la ley también se hace hincapié en la promoción del uso de madera certificada. Este sello de calidad, que no es obligatorio, indica que los materiales obtenidos provienen de una explotación forestal gestionada de una manera sostenible (que no se trata de talas en zonas protegidas y que las compañías siguen políticas de repoblación que aseguran que se reponen los árboles cortados y se respeta el entorno, evitando, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad). La Administración dará prioridad a la adquisición de madera certificada.

El plan del Gobierno (aparte de Medio Ambiente, en la ley han participado Interior y Justicia) fue presentado en enero a los representantes autonómicos. Los representantes del Partido Popular, País Vasco y Canarias se opusieron al proyecto porque entienden que invade sus competencias.

Algunos Gobiernos regionales, por ejemplo, ya han dictado medidas para impedir la recalificación de suelo después de un incendio (en Madrid el límite de 30 años existe desde 1995). "Los servicios jurídicos del ministerio están convencidos de que es competencia estatal establecer un tiempo mínimo -que no un máximo- de protección", afirmó Narbona.