La realidad de los centros socioeducativos
Mucho se ha hablado en las últimas semanas desde diferentes ámbitos, a veces de una forma interesada y tergiversada, de la modificación del sistema de bonificaciones aprobada por el Gobierno andaluz y de la ampliación de la oferta de plazas en los centros de atención socioeducativa para niños y niñas de cero a tres años.
La Junta de Andalucía, a través del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, sigue apostando por el aumento en el número de plazas de guarderías en nuestra Comunidad y por crear nuevos servicios y atenciones dirigidos a favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas andaluces. En concreto, destacan los incrementos en la oferta de servicios en guarderías infantiles para el próximo curso 2005/2006, con la creación de 5.000 nuevas plazas, lo que permitirá superar la cifra de 45.000 entre públicas y concertadas en toda Andalucía. Con estas medidas, destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, reafirmamos nuestro firme compromiso de ayudar a las familias que demanden una plaza para que sus hijos e hijas puedan acceder a la red de atención socieducativa.
Este compromiso se ha visto plasmado en los últimos años en un progresivo aumento en la dotación presupuestaria. Un esfuerzo colectivo de los andaluces y andaluzas que ha permitido triplicar desde el curso 2001/2002 el número de plazas ofertadas en guarderías. Y ésta es la línea en la que vamos a seguir trabajando a lo largo de la legislatura, puesto que se trata de una medida de política de bienestar desde el criterio de la solidaridad. Una solidaridad que implica apoyar a todas familias andaluzas, bonificando especialmente a aquéllas con menos ingresos económicos.
No cabe duda de que nos gustaría que el número de plazas de guardería fuese mucho mayor. Pero sabemos que los recursos son limitados y un Gobierno responsable debe tomar decisiones para la más adecuada gestión del dinero de los andaluces y las andaluzas. Y es precisamente en este tipo de decisiones donde una gestión política muestra sus prioridades. Es decir, hay que optar entre crear sólo 1.000 plazas públicas con carácter completamente gratuito o crear 5.000 que se bonifiquen en función de la renta.
La primera hipótesis supondría que 4.000 niñas y niños dejarían de tener derecho a una plaza de guardería y sus familias se verían obligadas a acudir al mercado libre. Y quiero hacer una llamada de atención sobre un dato significativo: que 240 euros es el precio de partida para una atención responsable en calidad y garantía, y que desde esa cantidad la Junta empieza a bonificar a las familias andaluzas atendiendo a sus ingresos.
Este Gobierno, desde la responsabilidad, quiere aclarar que seguirán bonificadas al 100% aquellas plazas ocupadas por menores en circunstancias socio-familiares que los sitúen en riesgo de exclusión. Además, cuando la familia sea usuaria de más de tres plazas, la cuarta y sucesivas serán gratuitas.
En cuanto a las bonificaciones, me permito hacer algunas precisiones para un mejor entendimiento y eliminar así interpretaciones demagógicas: aquellas familias con las rentas más bajas, las que tengan unos ingresos familiares inferiores a 12.633,60 euros, deberán abonar 60 euros mensuales, una cantidad equivalente a los gastos que genera sólo el servicio de comedor, unos 3 euros al día. Mientras que para las unidades familiares con ingresos superiores a esa cantidad, las reducciones a aplicar estarán condicionadas por el nivel de ingresos y el número de miembros de la unidad familiar. En definitiva, son las familias con menos recursos las que se benefician de mayores bonificaciones.
El Gobierno andaluz sigue apostando por la creación de más y mejores servicios para las familias andaluzas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Con ello se mantiene una oferta de primer orden en unos centros que tienen un horario flexible entre las 7.30 de la mañana y las 8 de la tarde y que ofrecen servicios complementarios de Ludoteca y Atención Socioeducativa, cuya oferta se ha elevado en 2005 a 4.055 plazas, con la consiguiente generación de empleo en el sector.
Esta apuesta se traduce en un compromiso firme de la Administración autonómica para que todas las familias que verdaderamente lo necesiten disfruten de una ayuda que permita a sus hijos e hijas acceder a centros de atención socioeducativa. En eso estamos empeñados y para ello contamos con espacios de diálogo con los agentes sociales y las partes implicadas. Porque la garantía de sus intereses y el bienestar de las familias andaluzas es y seguirá siendo nuestro mayor compromiso.
Micaela Navarro Garzón es consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
